Triste como amarga hora de los que pisaron el suelo cordobés por estos días. Podría argüirse que todo estuvo dentro del marco accidental, de lo posible y permitido, pero nada ni nadie podrán quitarnos el rótulo de un sufrimiento inolvidable a los seres que lo habitamos. Tal vez los responsables principales de este maremágnum que afectó un servicio esencialísimo piensen que uno puede y debe acomodarse perfectamente a lo que piden: paciencia, restricciones, comprensión.

Acusaciones cruzadas entre los titulares de ambas empresas fueron precedidas por explicaciones (léase exculpaciones) de la más variada índole, como que se ha llegado a niveles de consumo históricos, de potenciales multas de 15.000 pesos por cada hora de servicio no prestado, de intimaciones para la pronta normalización del fluido energético, etcétera. Podríamos preguntarles a tales funcionarios y a los entes de control qué es lo que impide cumplir con los deberes rutinariamente, día tras día, para evitar caer en los apuros y peligros de toda emergencia. O es que no se requería de acciones extraordinarias e inmediatas para no caer en los cortes de hasta seis horas que se toleraron durante 17 días.

¡Qué agravio nada gratuito! La población ha comenzado a expresar sin reticencia el disgusto por estas conductas y la irrespetuosa prescindencia que se hace del interés colectivo. Ella exige que digan la verdad, sólo eso, por encima de todas aquellas presunciones que se vierten en los medios de comunicación. Y la sociedad interpreta, asimismo, que no hace falta recurrir a leyes o a la carta del ciudadano para fundamentar el alejamiento de los involucrados en tamaña crisis sino apenas apelar al sentido común de los asuntos públicos.

La reciente réplica del cacerolazo les ha dejado una puerta abierta por donde les asistirá el derecho de irse para separarse de una gestión donde el juicio ha perdido el valor. En su defecto, responsabilidades mayores estarían sujetas al escrutinio del público.

Entretanto, en pos de un futuro promisorio para los argentinos, le cabe al ciudadano común la esforzada tarea de poder entrever lo que valen quienes se postulan o son elegidos para intervenir en una determinada función, y verificar siempre sus acciones posteriores. La actual situación energética denota los peores abandonos. Una clara conciencia de nuestro papel será necesaria para no ir acumulando indignaciones contenidas.

(*) Profesor de Emergentología. Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba