Tras seis años en el gobierno, y pese a integrar un ciclo de gestiones radicales iniciado hace 27, el gobernador Miguel Saiz parece no tomar en cuenta los efectos ruinosos que sus decisiones y las de su equipo tienen para el Estado rionegrino y sus ciudadanos.

Evidencia de ello es su reciente determinación de tomar un nuevo endeudamiento por 110 millones de pesos a la escandalosa tasa del 17% anual con el objetivo de solventar el déficit operativo de la provincia, en lugar de ponerse a ver el modo en que las cuentas públicas recuperen el equilibrio que nunca debieron perder.

Una mancha más no asusta demasiado al tigre, han dicho -aun con otras palabras- los colaboradores del mandatario. Y, en el peor modo, no se equivocan.

Río Negro suma ya 3.700 millones de pesos de deuda pública, de los cuales $1.300 millones fueron "adquiridos" durante la gestión Saiz, a pesar de que durante su período se pagaron otros 1.200 millones de pesos de intereses y amortizaciones.

El crecimiento del pasivo no se detuvo pese a que, desde el 2003, el período de crecimiento a tasas "casi chinas" que vivió la Argentina le permitió a Saiz contar con 7.500 millones de pesos por encima de lo esperado.

Este excedente -desaprovechado en forma irresponsable- impide al gobierno provincial pretender que no pudo hacer nada mejor para administrar el Estado. Saiz sí pudo hacer las cosas de otra manera, porque tuvo el dinero necesario. Pudo, por ejemplo, modernizar el Estado para hacerlo más eficiente y efectivo.

Gobernar no es una tarea fácil. Ni puede compararse con agradar. Pero quien tomó esa responsabilidad lo hizo consciente del compromiso que asumía.

Un gobernante tiene que estar dispuesto a tomar decisiones, incluso aquellas poco simpáticas cuando las circunstancias lo exigen, si de ello resultará un beneficio para el conjunto.

Una decisión razonable hubiera sido que el gobernador pusiera a su gabinete a revisar el organigrama provincial con el objetivo de detectar qué organismos han perdido su razón de ser, cuáles deben transformarse o desaparecer, qué contratados permanecen en el Estado a pesar de haber concluido su tarea, qué empleados no cumplen con sus funciones y cobran su salario sin brindar ningún servicio ni prestación a cambio, qué ahorro puede generarse si se evitan contratos con terceros por tareas que puede realizar el Estado con su personal y recursos. Por su parte, una revisión de la ejecución presupuestaria le hubiera permitido constatar qué compras pueden abaratarse pagando al contado o previendo mejor el consumo de bienes y servicios para evitar compras directas.

Sólo después de que esta tarea hubiera estado realizada, el gobierno provincial hubiera tenido la autoridad moral para decir -como livianamente han dicho algunos legisladores oficialistas- que "no hubo otra alternativa" que contratar tan gravoso préstamo bancario.

Claro que en esta falta de responsabilidad el Poder Ejecutivo no está solo.

La presidenta de la Nación acaba de fustigar la tasa de interés pagada por Río Negro al afirmar que implica estar "acogotado con un collar" y sometido a la imposición de políticas. Pero la Nación no es inocente en esta cuestión, por varias razones. En principio, porque eliminó el tope al endeudamiento provincial que imponía la ley de Responsabilidad Fiscal. Y, además, porque sigue impidiendo que el país cuente con una ley de Coparticipación Federal de acuerdo con el mandato constitucional, y en lugar de eso continúa concentrando en sus propias manos cada vez más recursos federales.

Tampoco la Legislatura rionegrina puede eludir su propia carga. Ha sido ella la que con el voto mayoritario de los radicales y sus aliados ha convalidado cada endeudamiento. A la vez. sostiene ella misma una estructura sobredimensionada de personal, designado en su mayor parte por razones políticas o cercanías personales y que -en una proporción significativa- no cumple con ninguna función de asesoramiento o apoyo a la tarea parlamentaria.

Por mutua conveniencia, los partidos políticos con representación legislativa han borrado por completo la línea divisoria que debería existir entre aquello que deben pagar los fondos partidarios y aquello que debe solventar el Estado. Al hacerlo, dejan en inferioridad de condiciones a quienes no cuentan con tales recursos. Pero, además, se mantienen dependientes del Presupuesto y de la mayor o menor generosidad de quien lo distribuye, lo que termina -por efecto transitivo- deteriorando la función de control que el Poder Legislativo tiene asignado en la teoría de las instituciones y minando entonces una parte importante de su razón de ser.

Una evidencia patética de la defección de la mayoría de los legisladores respecto de su función de control y vigilancia del Ejecutivo acaban de darla ellos mismos, al admitir que se enteraron por la prensa de cuál era la tasa de interés pactada por el gobierno para el crédito que autorizaron a gestionar.

La función de gobierno es, tal vez, una de las más complejas que deba enfrentar una persona. En principio, porque el gobernante -a veces sin preparación técnica ni psicológica para ello- adquiere por su cargo el manejo de un presupuesto muchas veces millonario. Además, porque la función lleva implícita la exigencia de tomar decisiones en favor del bienestar general, una categoría relativamente abstracta que comprende lo deseable para el Estado y para la mayoría de sus habitantes, sobre todo aquellos más vulnerables.

En teoría, el equilibrio de poderes previsto por las normas debería evitar consecuencias no deseadas y graves del ejercicio del poder así supuesto.

Pero nada resulta más alejado de aquel ideal si quienes ejercen funciones en los poderes del Estado resignan la posibilidad de actuar como contrapesos, y la ciudadanía no halla -o no busca- el modo de ejercer su tarea de control difuso del gobierno.

Los funcionarios políticos son ciudadanos que ocupan lugares transitorios de poder relativo. Pero, como casi ninguno de ellos transita el camino de retorno al lugar de "gente común", la ponderación de las prioridades se les suele alterar hasta el punto de confundir lo bueno para el Estado y los ciudadanos, con lo bueno para sí o para su sector político.

ALICIA MILLER