NEUQUÉN (ACE).- El equipo de defensores de los militares retirados Hilarión de la Pas Sosa, Enrique Braulio Olea y Héctor Gagliardi recusaron a los jueces Ricardo Barreiro y Carlos Müller por presunta animosidad por parte de los camaristas federales.
La presentación recaló en el Juzgado Federal de Neuquén en enero, luego de que la jueza Margarita Gudiño de Argüelles emitiera una ampliación del procesamiento para los tres militares retirados en una resolución el 30 de diciembre de 2009.
Sosa es el médico militar que está acusado de supervisar las sesiones de tortura en "La Escuelita" y fue condenado en el juicio realizado en 2008 por 17 hechos de secuestros y torturas (incluida la desaparición de Oscar Ragni) al igual que el jefe del Batallón 181 en 1976, Enrique Olea.
Ambos fueron procesados en 2009 por denuncias que se ventilarán este año en el segundo juicio oral; en tanto ese procesamiento fue ampliado en diciembre pasado por su presunta responsabilidad por otras denuncias que se investigan en el tercer tramo de la causa.
Gagliardi -segundo jefe del Batallón en 1976- también deberá comparecer a juicio cuando el Tribunal Oral Federal de Neuquén defina la fecha de las audiencias por el segundo tramo; mientras que al igual que sus pares de jefatura, se le amplió el procesamiento por más hechos ocurridos en "La Escuelita" cuando el militar era el segundo al mando en el Batallón.
Los defensores Guillermo Álvarez y Gerardo Ibáñez plantearon que el juez Ricardo Barreiro evidenciaba animosidad en contra de sus defendidos debido a declaraciones periodísticas del camarista en las que aseguró que la Cámara Federal había trabajado con celeridad en la resolución del proceso de apelaciones, y que si había demoras en llegar a una resolución, se debían al cúmulo de presentaciones de los equipos de defensa de los diferentes imputados. Álvarez e Ibáñez manifestaron también que la Cámara integrada por Carlos Müller y Barreiro evidenciaban animosidad en contra de los planteos de sus defendidos y de las propias defensas por los términos utilizados en resoluciones en las que respondían a los querellantes.
Según se informó desde el juzgado Federal el pedido de apartamiento del tribunal de alzada, que será elevada a Roca en esta semana, no afectaría al tramo de la investigación elevado a juicio el viernes pasado, sino que deberá ser tenido en cuenta para las definiciones del tercer tramo, donde ya hay varias apelaciones tanto de la fiscalía como de las defensas por los 17 nuevos procesamientos que firmó el 30 de diciembre la jueza subrogante Gudiño de Argüelles. La jueza finalizó la subrogancia en la causa un día después, en tanto la jueza María Carolina Pandolfi es quien tiene a su cargo la continuidad de la investigación sobre los crímenes de la dictadura en el Alto Valle.
