De tomarse en serio las declaraciones del jefe de Gabinete, Martín Redrado sigue siendo presidente del Banco Central: según Aníbal Fernández, "para nosotros la renuncia" que el ex funcionario presentó el viernes pasado "no existe". Aunque la actitud del vocero gubernamental más vehemente parece un tanto ridícula, puede entenderse la ofuscación que comparte con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su marido. Para ellos, lo peor del episodio desatado por la resistencia de Redrado a ser cómplice de la toma de una parte de las reservas del Banco Central fue su impacto psicológico. Habituados como están los Kirchner a que todos los vinculados con el gobierno, desde los ministros más encumbrados hasta los ordenanzas, les obedezcan con el servilismo que creen apropiado, el que uno no sólo los haya obligado a respetar las formalidades legales sino que también se haya comportado como si fuera dueño de su propio destino, les ha resultado intolerable. Para colmo, Redrado se permitió tratarlos con cierto desdén como inexpertos propensos a pasar por alto "los cálculos técnico-profesionales" que suelen hacerse cuando es cuestión de algo tan importante como el empleo de las reservas nacionales. Con todo, aunque los kirchneristas quieren castigarlo para mostrar a los tentados a emularlo que su poder sigue intacto, ya no les será tan fácil asestarle un golpe demoledor. Tampoco les resultará sencillo reducir los costos políticos que les ha supuesto una crisis totalmente innecesaria atribuible al desprecio que sienten por el Congreso y por pormenores como la Carta Orgánica del Banco Central.

De resultas de la rebelión de Redrado, lo que a juicio de los Kirchner y sus colaboradores principales sería un trámite rápido que les serviría para recuperar terreno se ha convertido en un problema mayúsculo. Para comenzar, a esta altura virtualmente nadie cree que la razón por la que el gobierno inventó el llamado "Fondo del Bicentenario" haya tenido que ver con su hipotético deseo de impresionar a los mercados de capitales asegurándoles que la Argentina iría a cualquier extremo para cumplir con sus obligaciones. En opinión de casi todos, los Kirchner están decididos a "llevarse puestas las reservas", como dijo Redrado, porque necesitan dinero para impedir que se desmorone el poder político que se las han arreglado para construir.

Mientras que los economistas "ortodoxos" y algunos políticos de mentalidad liberal están convencidos de que siempre es malo usar las reservas para gastos corrientes, quienes militan en facciones opositoras izquierdistas o populistas se sienten atraídos por la idea de ponerlas al servicio de lo que llaman "la deuda interna" o "social". Los que piensan de este modo han dejado saber que estarán dispuestos a cohonestar los planes oficiales para el Banco Central y, desde luego, para las reservas, con tal que puedan verse beneficiados por los fondos resultantes, de suerte que no sorprendería que en los meses próximos el gasto público aumentara mucho con el aval de distintas agrupaciones opositoras que están interesadas en aprovechar la oportunidad que les ha brindado el intento por parte de un gobierno debilitado de conseguir el dinero suficiente como para ahorrarle la necesidad de someter el sector público a un ajuste brutal. Por tratarse de militantes de agrupaciones minoritarias, pueden afirmarse dispuestos a anteponer sus principios a la realidad molesta, de suerte que sería inútil procurar advertirles de lo peligroso que sería gastar cada vez más sin preocuparse por las consecuencias.

Además de exponer al gobierno kirchnerista a la tentación de procurar congraciarse con dirigentes como Pino Solanas deslizándose hacia la izquierda estatista, la maniobra que dio pie al enfrentamiento entre los Kirchner y Redrado ha servido para resucitar un tema que según la presidenta Cristina murió hace dos décadas, el supuesto por la legitimidad de la deuda pública. Parecería que los perjuicios ocasionados por los años de aislamiento financiero que siguieron al default festivo que hizo tan memorable la brevísima gestión del presidente Adolfo Rodríguez Saá no han sido suficientes como para convencer a todos los "progresistas" de que los costos concretos de repudiar deudas son tan enormes y los eventuales beneficios emotivos tan magros que convendría pensar en algo mejor.