SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La severa crisis que soporta el hospital "Ramón Carrillo" de Bariloche será evaluada esta semana por el Consejo Local de Salud y por el Superior Tribunal de Justicia, que recibirá el amparo presentado por el gremio ATE bajo la modalidad de mandamus.

El Consejo de Salud tiene previsto reunirse el miércoles para abordar en profundidad el ahogo financiero y operativo que sufre el nosocomio local -el más grande de Río Negro- y definir nuevas vías de reclamo ante el gobierno provincial.

La concejal Silvia Paz sostuvo que "es imposible que el hospital funcione con el presupuesto asignado", que ronda los 700.000 pesos mensuales, y anticipó a este diario la intención de "exigir" al ministerio de Salud que incremente los recursos económico y humanos.

También se tratarán los pormenores de la conflictiva internación de Luciana Perez, la niña de dos años derivada al sanatorio Güemes con un cuadro de muerte cerebral, que finalmente falleció el sábado 16 de enero.

Por otra parte, se espera que esta semana, con el reinicio de la actividad judicial, llegue al máximo tribunal de la provincia la medida cautelar presentada por ATE a fines de diciembre para que se ordene a la provincia "la adopción de medidas efectivas" que garanticen el funcionamiento del servicio de Pediatría del hospital.

Recursos humanos

El gremio solicitó también "la inmediata provisión del recurso humano indispensable, a fin de garantizar el funcionamiento de dicho servicio, mediante la contratación del personal de enfermería necesario para cubrir eficazmente la atención que requiere la sala" de terapia intensiva pediátrica.

El amparo recayó en el juzgado Civil que conduce Jorge Serra, el mismo magistrado que atendió la presentación judicial realizada por los familiares de la menor con muerte cerebral y ordenó su derivación a un centro de mayor complejidad.

El 30 de diciembre Serra se declaró incompetente para entender en la causa y la remitió al Superior Tribunal con "habilitación de días y horas inhábiles" para su pronta resolución.

En la elevación a STJ, Serra consideró que la amparista hacía "agotado la vía administrativa" y dio por acreditadas las necesidades a partir de "las falencias materiales detectadas respecto de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos" que detectó durante el tratamiento del caso de Luciana.