En materia institucional el verano impone a la ciudad cierto letargo. Pero también es cierto que por su condición de "polo turístico", en Bariloche el manejo de la cosa pública gana para esta época una dinámica inusual.

Ocurre esto con los dilemas siempre irresueltos del tránsito y del transporte (agravados por la presencia extra de visitantes) y también, como fue el caso días atrás, con la venta ambulante.

En decisión que tiene su mérito, el municipio rescató la ordenanza que regula esa actividad del superpoblado arcón donde se acumulan las normas incumplidas. Dictó a fines de diciembre una regulación que espera aplicar cuanto antes, incluida la licitación de espacios y la estricta asignación de zonas para cada producto y modalidad.

Cuando esté vigente por completo, la ordenanza obligará a concentrar la venta de productos no comestibles en la zona del Alto (desde 25 de Mayo hacia el Sur). En el microcentro podrán perdurar los pancheros, choripaneros, cafeteros y vendedores de repostería, pero con límites precisos en los horarios y lugares. Por ejemplo en las tres cuadras más cercanas al lago sólo podrán existir puestos nocturnos (de 0.30 a 7), mientras que para vender de día deberán correrse fuera de la zona comercial. Es decir, al Sur de la calle Elflein.

La regulación tiene su lógica y apunta a evitar abusos y competencias desleales, además de establecer estrictas exigencias bromatológicas en el caso de la venta de alimentos.

Es inevitable, sin embargo, que su implementación tropiece con años de dejadez y de ausencia absoluta de controles que prohijaron la situación actual, en la que la venta es virtualmente libre y nadie se ajusta a regla alguna.

Por eso el municipio está doblemente obligado a ejercer docencia sobre el tema y a manejarse con la mayor claridad y justicia. Esto último significa aplicar, aun en la gradualidad, el elemental principio de la ley pareja. Mucho más cuando se trata de fiscalizar una actividad sensible, que para muchos (no para todos) es un precario medio de vida.

Luego de anoticiar a los vendedores callejeros sobre la nueva reglamentación, el municipio consideró que el momento de sancionar había llegado. Un par de noches atrás los inspectores irrumpieron en la Mitre y comenzaron a decomisar mercadería. Las discusiones no tardaron en empantanar el operativo, que derivó en posteriores reuniones entre las partes, propuestas de tregua no aceptadas y advertencias municipales de que esta vez la "mano firme" va en serio.

Los vendedores esgrimieron razones de lo más variadas. Uno de ellos defendió su derecho a vender en la calle y ejercer una actividad "libertaria" que a su entender "no perjudica a nadie".

Otro, no sin razón, dijo que los ambulantes llegan a la Mitre en horario nocturno y le dan "vida y movimiento" a la principal arteria de la ciudad hasta pasada la medianoche. Algo que no garantizan de ningún modo la buena cantidad de comerciantes que aun en plena temporada cierran temprano y apagan su vidriera, con desprecio absoluto por el interés de los turistas y por la "imagen colectiva" del microcentro de la ciudad.

Otro vendedor, también con motivo atendible, argumentó que el municipio no podía cortar en forma abrupta una actividad que siempre permitió y que año tras año trae a vendedores de otras ciudades, acostumbrados a ese permiso. Consideró entonces que "por lo menos ahora merecen la oportunidad de reunir el dinero para volverse".

No está mal que aun con todos esos descargos a la vista el gobierno municipal decida mantener la prohibición. En definitiva se trata de evitar abusos, garantizar la lealtad comercial y cumplir una normativa que fue dictada con ese fin. Pero resulta inexplicable que mientras tanto los vendedores de panchos, hamburguesas y choripanes mantengan sus puestos sin que nadie los mueva, a la espera de las prometidas "licitaciones".

Gozan así de una curiosa indulgencia, a pesar de que el riesgo para la salud pública de un embutido que perdió la cadena de frío o fue manipulado sin higiene suficiente es mucho mayor que el de un reloj de madera o un osito de peluche.

Además, si el municipio decidió por fin poner a las arbitrariedades en el uso del espacio público, debería cuidar que el celoso seguimiento de la venta ambulante no le impida encarar otras cuentas pendientes. En esa bolsa tienen lugar preferencial la multitud de vehículos estacionados en lugar prohibido e incluso sobre las veredas sin sanción alguna, los perros callejeros que nadie se preocupa por encerrar, los vecinos que pintan de amarillo los cordones y se autoadjudican reservas de estacionamiento "truchas", o los numerosos frentistas de la avenida Bustillo que con toda impunidad invadieron la banquina para mejorar el acceso a sus viviendas.

Está claro que llevarse por el criterio de la "ley pareja" sería abordar todos los frentes por igual, o al menos no comenzar por el más débil.

DANIEL MARZAL