CIPOLLETTI (AC).- El gobierno municipal cipoleño denunció públicamente ayer que "se encontrarían en etapa de organización" dos nuevas tomas en terrenos que ya habrían sido identificados al norte de la ciudad.

Sostuvo que estas ocupaciones "estarían lideradas por Lucio Alvarez (dirigente vecinal) y contarían con el apoyo de militantes del partido Redes, cuyo referente es el legislador provincial Fabián Gatti".

"Los espacios sobre los que se realizarían las ocupaciones son un terreno perteneciente al Centro Israelita (por detrás del barrio Anai Mapu) y una chacra lindera a un canal de riego en la zona de Colonia Santa Elena. Ya se habrían confeccionado los listados de las personas que participarían", advirtió el gobierno municipal en un comunicado difundido ayer. El Ejecutivo también anotició a la policía y a referentes judiciales.

Se dijo oficialmente que en abril del año pasado el municipio denunció a Alvarez y a otras personas "de integrar una asociación ilícita que se dedica a la organización de tomas, causa radicada en las fiscalías. Alvarez ya encabezó junto a la dirigente Lila Calderón la toma denominada Barrio Obrero 2. Tanto uno como otro dirigente poseen sus propias viviendas en el barrio Anai Mapu y las 1224 Viviendas respectivamente".

"Esto demuestra -agregaron desde el municipio- que el problema de las tomas de tierras en nuestra ciudad no es por culpa del Código Urbano, ni del Consejo de Planificación ni de la exclusión social, sino por la impunidad con la que se manejan estas personas ante algunos integrantes de un poder judicial ausente, despreocupado y tolerante, que no castiga a quienes ocupan la propiedad ajena, y roban la electricidad y el agua a la vista de toda la población", sentencia el texto.

Más aún, expresa que "hoy en nuestra ciudad existen miles de terrenos para vivir dentro del marco de la ley y dignamente en el Distrito Vecinal Noreste, sin caer en la especulación política y comercial malintencionada y delictiva". En este lugar ya han adquirido sus terrenos unas 1.500 familias cipoleñas, agrupadas bajo la modalidad de cooperativas, consorcios o sindicatos. El comunicado termina con una alusión al Poder Judicial y al sector político, en especial, al opositor: "a la Justicia se le exige que aplique la ley. A los políticos que trabajen por una ciudad en la que se respete esa misma ley y que no apañen a quienes quieren vivir del negocio de las usurpaciones".