ROMA (Télam).- El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, volvió a encender la polémica en relación al tema de la inmigración al afirmar que con menos inmigrantes, en Italia habría menos criminales, según declaró durante el lanzamiento de un plan antimafia aprobado ayer por el gobierno.
"Una disminución de los extracomunitarios en Italia significa menos fuerzas que van a engrosar las filas de las organizaciones criminales", aseguró el premier tras defender la lucha de su gobierno contra la inmigración clandestina y cuyos resultados están siendo ya "muy positivos".
Berlusconi hizo estas declaraciones en Reggio Calabria, la ciudad del sur de Italia donde se reunió esta mañana un Consejo de Ministros especialmente dedicado a la batalla contra la mafia. Reggio Calabria es la capital de la Calabria, una de las regiones del sur de Italia más sometidas al poder de la mafia, concretamente, a la "Ndrangheta".
De hecho, el gobierno decidió reunir allí a sus ministros en respuesta a algunos acontecimientos preocupantes registrados en las últimas semanas, tales como las amenazas a los magistrados por parte de la "Ndrangheta" y los altercados de Rosarno, la localidad de la que recientemente fueron expulsados centenares de inmigrantes que trabajaban en negro en la recolección de la fruta.
Según los investigadores, la asociación mafiosa originaria de estas tierras estaría detrás de este suceso, dado el potente control que ejerce sobre el territorio.
Sin embargo, en lugar de denunciar la degradante situación en que los inmigrantes se veían obligados a vivir, Berlusconi renovó el empeño de su gobierno en plantar cara a la inmigración clandestina.
El premier anunció que se intensificarán los controles en el sur de Italia, sobre todo en los sectores de la agricultura y de la construcción, para combatir la economía sumergida.
La reacción del principal partido de la oposición, el Partido Demócrata (PD), no tardó en llegar. Una de sus parlamentarias, Livia Turco, calificó las declaraciones de Berlusconi de "vergonzosas" porque con ellas se "incita al racismo" y se "alimenta un clima de intolerancia, cuyas consecuencias son imprevisibles". A principios de enero, los hechos de Rosarno sirvieron para demostrar el modo en que los propietarios de tierras del sur de Italia explotan a los inmigrantes en el sector de la agricultura, un problema que ya había sido denunciado por numerosas organizaciones pero del que la política todavía no se ha ocupado.