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	Por orden del gobierno provincial, la Policía clausuró el municipio y ahora custodia las instalaciones.

LAS COLORADAS (AZ).- Esta pequeña localidad de 1.500 almas tiene dos intendentes y ambos pertenecen al Movimiento Popular Neuquino. Daniel Massini y Esther Troncoso se atribuyen el poder y desconocen al adversario pero, como una rara paradoja del destino, ninguno de ellos puede acceder a la comuna, que se encuentra cerrada y con custodia policial. Mientras, ni la Justicia ni mucho menos el gobierno provincial logran hacerse cargo de la crisis que amenaza con agudizarse en los próximos días.

Virtualmente abandonados a su suerte, los sufridos pobladores de Las Coloradas esperan por una resolución al conflicto que los mantiene en vilo desde hace meses. A esta altura, una salida consensuada parece casi imposible ya que tanto Massini como Troncoso no están dispuestos a ceder un centímetro en sus aspiraciones.

"El intendente soy yo, no tengo por qué abandonar mi cargo ya que el proceso de destitución fue ilegal", disparó Massini, que resultara elegido con el 62% de los votos. Además advirtió que presentó un nuevo planteo ante el Tribunal Superior de Justicia en el que solicita una medida de no innovar.

Del otro lado, los concejales están convencidos de que la remoción se produjo de acuerdo con las normas legales frente a lo que consideran "graves irregularidades administrativas" cometidas por Massini, por lo cual Troncoso es la nueva autoridad del pueblo.

Entre los cargos que le imputan aparece una violación al artículo 3 de la ley 2.615. En este sentido, los ediles recordaron durante la sesión que terminó con la remoción de Massini que se utilizaron recursos que tenían fines específicos para el pago de deudas y salarios de los trabajadores.

Según la acusación, deudas con una empresa de transporte local y con un supermercado, cuyo importe superaba largamente los 30.000 pesos, fueron canceladas con estas partidas. La otra causa penal advierte sobre irregularidades en violación a la ley 2.141 de administración financiera y de recursos donde se habrían registrado contrataciones ilegales para el transporte de personas. También lo acusan de emitir cheques sin fondos en "reiteradas oportunidades".

"Son mentiras que utilizaron políticamente mis adversarios con el aval de algún pícaro funcionario de segunda línea del gobierno provincial que pretende sacar algún tipo de ventaja con esta situación", replicó Massini.

Lo cierto es que el municipio mantendrá sus puertas cerradas al menos hasta el 14 de febrero próximo, fecha en la finaliza el asueto decretado por el intendente a principios de este mes. El conflicto podría desmadrarse definitivamente si no se cancelan los salarios de los trabajadores y los planes asistenciales en el transcurso de los próximos días.