VIEDMA (AV).- Lealtad Peronista de Viedma puso condiciones políticas para afrontar la próxima compulsa electoral de la ciudad, convocada para el 11 de abril próximo, de cara a la reforma de la Carta Orgánica municipal.
El sector considera que existe una doble tarea: difundir en principio el texto actual entre los vecinos que no lo conocen en profundidad, y paralelamente, dar a conocer la propuesta del Justicialismo.
Esta agrupación, que aún debe superar una instancia interna el 7 de febrero, planteó como estrategia presentar una lista con diferentes matices desde el punto de vista profesional. Lo encabezan el especialista en temas municipales, Matías Rulli, la abogada en derechos colectivos María Eva Scatena, la abogada indigenista Ana Huentelaf, el especialista en calidad de vida, Carlos Bogado, el médico Gabriel Navarro y la docente Susana Diéguez.
Aunque pidieron tiempo para plasmar una propuesta modificatoria, el grupo se pronunció en favor de mantener los actuales límites de la ciudad cabecera del Departamento de Adolfo Alsina en contraposición al convenio firmado por el actual intendente Jorge Ferreira con el entonces colega de San Antonio Oeste, Adrián Casadei.
Impulsaron una mejor interrelación municipal con la inclusión de nuevos instrumentos del derecho en favor de cuestiones difusas, y se pronunciaron en favor de dejar por escrito que el desarrollo humano debe tratarse en forma integral desde la prevención de la salud y la actividad física.
"No hay que ´demonizar´ la elección interna y somos optimistas que la gente nos va a acompañar primero el domingo 7, pese a que estamos en receso veraniego, y luego en la general", afirmaron. El justicialismo cuenta en esta capital con poco más de 4.000 afiliados.
Los precandidatos de Lealtad provienen de distintas líneas que se identifican con el senador Miguel Pichetto. Representan a grupos nuevos con un trasvasamiento generacional en la política como Rulli, Scatena y Navarro; a la que se suman los aportes de generaciones intermedias en el caso de Bogado- conocido por su eficiente gestión con el ex intendente Gustavo Costanzo; más Navarro y Diéguez.
La Carta fue redactada en 1989, entró en vigencia el 1 de enero de 1990, y la Convención Constituyente ordenó que obligatoriamente debe ser revisada cada 20 años.
