BUENOS AIRES (DyN).- La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal dictó ayer otro fallo contra el gobierno, al frenar la resolución que obligaba a Papel Prensa, uno de cuyos accionistas mayoritarios es el Grupo Clarín, a vender el papel al mismo precio todos los diarios, cim importar el volumen de compra.
El juez Ernesto Marinelli hizo lugar a una medida cautelar contra la resolución del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que disponía que todos las ventas de papel de diario debían realizarse a un precio uniforme, sin descuentos especiales, en base a la ley de abastecimiento.
En el fallo, la Justicia establece que la resolución de Moreno podría resultar "inconstitucional" debido a que su secretaría no tendría facultades para dictarla. El argumento es que esta decisión debería haber sido tomada por el Ejecutivo nacional en forma directa mediante un decreto y no por "subdelegación".
"Advirtiendo que no es materia de las presentes actuaciones la consideración del ejercicio de la competencia delegada por la Ley de Abastecimiento que el Poder Ejecutivo Nacional eventualmente concretara en forma directa y en el marco de un decreto, cabe concluir, provisionalmente, que la resolución número 1/2010 de la Secretaría de Comercio Interior resulta probablemente inconstitucional por carecer de facultades para dictarla", dijo el juez en su fallo.
El objetivo declamado de la resolución era que el precio pagado a papel Prensa fuera "el mismo para todos los clientes", independientemente de los volúmenes de compra del insumo.
La resolución 1/2010 que intentaba intervenir en la política comercial de la empresa fue firmada por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Papel Prensa recurrió a la Justicia para solicitar una medida cautelar por considerarla "nula" e "inconstitucional". La empresa también adujo que "la consecuencia que esta medida produce en el stock de contratos de la empresa es irreversible y gravosa al extremo, pues la aplicación de la inconstitucional resolución la obligaría a renegociar simultáneamente todas sus relaciones comerciales". Ahora, el juez Marinelli, el mismo que instruye durante la feria el caso del Banco Central luego de reemplazar a María José Sarmiento, decidió suspender en forma cautelar esa resolución. Marinelli analizó que "correspondería observar en la actualidad un criterio mas bien restrictivo en la admisibilidad" a la aplicación de la Ley de Abastecimiento, "dado que con posterioridad a la reforma constitucional concretada en 1994, ya no sería admisible la subdelegación de competencias delegadas".
