El Ministerio de Economía anunció que en el año 2009 el sector público nacional tuvo un "superávit" de $17.228 mil millones, equivalente al 1,53% del PBI. Este dato se refiere al resultado primario, es decir, considerando los ingresos totales menos el gasto público excepto el pago de intereses. El resultado financiero total del sector público nacional (es decir, computando el pago de intereses de deuda pública), dato que surge del mismo reporte del Ministerio de Economía, fue negativo en -$7.131 millones. En el 2008, este resultado financiero del sector público nacional había sido positivo en $14.655 millones.
Varios factores explican esta acelerado deterioro de las cuentas públicas, pero uno de decisiva importancia es el crecimiento del gasto público en un 30%. Las erogaciones pasaron de $205 mil millones en el 2008 a $267 mil millones en el 2009. Frente a una variación en el gasto de $62 mil millones, los ingresos tributarios (incluyendo las contribuciones patronales) aumentaron sólo en $8 mil millones.
¿Cómo se financiaron los $54 mil millones de aumento de gasto público que no fueron cubiertos con incrementos en la recaudación? Los datos del Ministerio de Economía permiten observar que:
* El sector público nacional recibió un aumento de transferencias extraordinarias (fundamentalmente del FMI) por aproximadamente $9 mil millones.
* La deuda previsional con los futuros jubilados aumentó en $23 mil millones ($16 mil millones son aportes de los ex - afiliados al régimen de capitalización y $7 mil millones son rendimientos de los ahorros apropiados al régimen de capitalización).
* Los $22 mil millones restantes no pudieron ser financiados y explican el paso de un superávit de $15 mil millones en el 2008 a un déficit de -$7 mil millones en el 2009.
Hasta el 2008 el vertiginoso aumento del gasto público fue sostenido en base a un inédito crecimiento de la presión tributaria. Pero en el 2009 este proceso, como era previsible, se agota. Ante el estancamiento de la recaudación, y como ya ocurrió en situaciones parecidas en el pasado, la reacción del gobierno fue apelar al endeudamiento. Esta vez no se materializó con deuda documentada en títulos públicos y colocada en forma voluntaria en el mercado de capitales (como en la década de los ´90) sino a través de deuda no documentada y compulsiva con los futuros jubilados. Casi el 40% del aumento del gasto público fue financiado por esta vía espuria. A esto hay que agregarle montos muy importantes de movilidad previsional que no se están pagando y que están generando miles de juicios contra la Anses pero como la justicia todavía no se expidió, no se está registrando como gasto ni tampoco como deuda.
Frente a una situación fiscal tan desbordada se entiende la urgencia por volver al mercado de capitales (por eso la necesidad de reabrir el canje) y apropiarse de parte de las reservas (por eso el apuro por constituir el Fondo del Bicentenario). De todas formas, en el mejor de los casos se trata de paliativos para prolongar la agonía. Los $62 mil millones implican un incremento de gasto púbico del orden de 3,8% del PBI, un ritmo incompatible con la estabilidad económica, especialmente cuando la presión tributaria ya fue llevada a un nivel récord en base a una estructura tributaria muy rudimentaria y distorsiva. Ni siquiera la llegada de una nueva "bonanza" económica de la mano de los precios internacionales de los commodities permitirá evitar una nueva crisis fiscal.
Ante esta dinámica del gasto público, la agenda de políticas públicas se carga con temas como la inflación, la reapertura del canje, el uso de las reservas y el rol del Banco Central. Tiene muchas analogías con la prevaleciente a finales de los ´90, cuando las discusiones pasaban por el "riesgo país", la renegociación de la deuda y la devaluación. Pasa el tiempo y recursivamente las crisis asociadas a la insustentabilidad fiscal desplazan de la agenda de políticas públicas a los temas verdaderamente relevantes y estratégicos, como el desarrollo de la infraestructura, la ciencia y la técnica, la educación, la salud, la vivienda, la seguridad y la racionalidad del sistema tributario. Esta tendencia del sistema político a distraerse en lo accesorio y no abordar lo importante es la clave para entender la decadencia argentina.
IDESA (*)
(*) Centro de estudios económicos
