La crisis institucional que tienen municipios del interior es un tema que el gobierno no digiere. Luego de la destitución de dos intendentes, ambos del Movimiento Popular Neuquino (MPN), ningún funcionario, empezando por el gobernador Jorge Sapag, se pronunció sobre la caída de Facundo Suárez en Picún Leufú y de Daniel Massini en Las Coloradas.

Hablar de estos problemas sería meterse en la boca del lobo porque entre otros varios motivos ambos ex intendentes fueron juzgados por utilizar fondos de las prórrogas de los contratos petroleros para gastos corrientes, algo que está prohibido por la ley provincial que regula los nuevos contratos.

Esta cuestión, que parece menor en el universo de dos municipios chicos, se proyecta sobre la política provincial, porque los diputados de la oposición cuestionaron a Sapag por un motivo similar al que originó la caída de los intendentes.

Por un decreto del año anterior, el gobernador destinó algo más de cien millones de pesos de estos recursos extraordinarios a emitir letras del Tesoro para financiar pagos regulares de la provincia.

Sapag tomó esta decisión con la promesa de devolver el dinero a la misma caja antes de finalizar su mandato. Pero ese argumento ha sido insuficiente y no logró frenar a los legisladores que ya pidieron la revocatoria del decreto y anunciaron que irán, luego de la feria judicial, con un recurso al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para evitar el cambio de destino de esos recursos.

Habló del tema Soledad Martínez, legisladora del Frente Grande, y dijo que el gobernador y los intendentes actuaron del mismo modo, sólo que Sapag -aclaró- cuenta con "un equipo de asesores que le dibujó un decreto para que aparentemente no fuera incompatible" con lo establecido en la ley.

Esta semana el diputado Ariel Kogan, del Partido Justicialista, pidió informes al Poder Ejecutivo para saber qué cantidad de letras fueron emitidas hasta ahora, y Gastón Contardi, de la Unión Cívica Radical, sostuvo que Sapag está al frente de "un Estado altamente ineficaz".

Sapag fue consultado sobre las crisis institucionales cuando cayó el intendente de Picún Leufú y cuando sucedió lo mismo en Las Coloradas. En la primera ocasión su respuesta fue telegráfica: "Los municipios son autárquicos, tienen poderes constituidos y soy muy respetuoso de las autonomías municipales", respondió. En la segunda consulta directamente no dijo nada.

Sin embargo, el caso de Las Coloradas es el que provoca mayor incomodidad en el gobierno porque el intendente habló y reprochó la ausencia y el silencio de Sapag. "Soy del MPN, gané con el 62% de los votos y pertenezco a la línea interna de Jorge Sapag. No entiendo qué espera el gobernador para hacerse cargo de la situación y ordenar institucionalmente la comuna", dijo Massini tras la destitución.

El ex intendente consideró que si la Justicia había dispuesto el año pasado la nulidad de su suspensión, los concejales no podían avanzar, como lo hicieron, con el proceso que lo dejó finalmente sin el cargo. En ese sentido hizo una dramática declaración cuando ya estaba en la calle: "Las Coloradas es un pueblo sin ley, estos concejales no respetan la Constitución ni mucho menos las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia. Ni siquiera el gobernador se hace cargo; parece que están esperando que haya un muerto para actuar".

Una fuente oficial dijo que el silencio y la distancia que tomó el gobernador obedecen a una actitud "prudente y de respeto" a las decisiones adoptadas por las autoridades constituidas en cada lugar. No obstante admitió que es un asunto difícil de abordar porque no sólo hay conflicto institucional sino que el problema suele venir atado a una interna local, "a veces de raíces inalcanzables", aclaró la fuente.

Sobre este tema habló Carlos Casteblanco, el nuevo intendente de Picún Leufú. En la gestión "fallaron el partido y el gobierno", expresó en su primera aparición pública tras la destitución de Suárez, un hombre que dejó de ser intendente pero sigue al frente de la seccional del MPN y conserva una cuota de poder en una localidad que conoce de sobresaltos institucionales.

La escasez de recursos es un problema común a todos y la tentación de desviar fondos extraordinarios para cubrir déficit de gastos corrientes está latente, sobre todo en una provincia que continuará con dificultades durante el primer semestre, como dijo Sapag semanas atrás cuando pidió a la dirigencia de los gremios estatales responsabilidad y prudencia en los reclamos.

Puede ser que las recientes destituciones despierten mayores cuidados entre los demás jefes comunales, pero en nuevos escenarios de crisis nadie afirmaría hoy que los casos de Suárez y Massini fueron los últimos.

Un tema central de este año, la cuestión salarial, será un planteo que deberán afrontar tanto el gobernador como los intendentes. En la provincia hay conflictos latentes que crecerán en intensidad a medida que avance el año si es que no hay respuesta.

Mientras tanto, el gobierno sigue dando señales de endurecimiento frente a las protestas. Esta semana, en la puerta de la gobernación, la policía reprimió con gases y balas de goma a manifestantes de uno de los gremios de los estatales, UPCN, cuando intentaban encender neumáticos en la esquina de las calles Roca y Rioja.

La acción de la policía está acompañada con un endurecimiento en el discurso y la voz cantante la lleva Guillermo Pellini, secretario de Seguridad, que poco a poco está abandonando su tradicional bajo perfil.