El Banco de Córdoba demandó a Río Negro ante la Corte Suprema de Justicia por una deuda de hace dos décadas.
El reclamo se originó en un pasivo por un canje de deudas ante el Banco Central de la Republica Argentina (BCRA) donde el Banco de Río Negro hizo participar a su par cordobés en una operatoria con bonos federales para cancelar pasivos rionegrinos por redescuentos otorgados por ente nacional.
El año pasado, el Banco de Córdoba formalizó el expediente 675/09 en la Corte con la demanda contra la provincia de Río Negro, continuadora de las obligaciones del ex BPRN. El reclamo original asciende a 6.025.710 pesos y la entidad cordobesa está patrocinada por el estudio jurídico Alejandro Damia.
El monto reclamado es un saldo de los pasivos que el Estado rionegrino consintió ante el Banco de Córdoba cuando ambos participaron en una operatoria de triangulación donde el Banco Central aceptó la entrega de Bonex 89 a su valor técnico para el pago de deudas que el ex BPRN tenía con el Central por redescuentos otorgados.
Los Bonex 89 fueron creados por Erman González para un canje de los depósitos de plazos fijos con sumas superiores a un millón de australes.
Luego, el BCRA formalizó la resolución A1725 que permitía un proceso licitatorio donde ofrecía a los bancos presentar esos bonos para cancelar sus deudas, reconociéndole el valor nominal.
El Río Negro acordó con el Córdoba participar en ese proceso. La entidad cordobesa ofrecería para abonar redescuentos pendientes del banco rionegrino. Ese pasivo después se compensaría entre las entidades provinciales.
Esta participación conjunta tenía mucho de respaldo político de parte del organismo cordobés frente a las dificultades que ya exponía el Estado rionegrino y, consecuentemente, su banco provincial. Era un acompañamiento del segundo gobierno de Eduardo Angeloz al radical rionegrino Horacio Massaccesi. Economía y el banco rionegrino eran conducidos por César Nouche.
Con la disponibilidad de los Bonex 89, el Banco Central permitía a sus entidades cancelar sus deudas por redescuentos, que son los préstamos que aquella entidad rectora otorgaba a los bancos para asegurarle liquidez y soportar situación de crisis. El ex BPRN utilizó mucho ese mecanismo de financiamiento por aquellos años, a partir del desfasaje de sus cuentas por el drenaje permanente de recursos para el Estado provincial.
Desde el estudio jurídico cordobés se reconoció que existieron distintas entrevistas con autoridades provinciales y se evaluaron opciones de cancelación con títulos provinciales pero esas alternativas no prosperaron. Finalmente, se decidió la presentación de la demanda por algo más de 6 millones. La provincia siempre rechazó la pretensión cordobesa porque entendió que esas obligaciones ya habían prescripto. (AV)
