Se dice que para quienes carecen de toda base cultural sólo hay dos interpretaciones del mundo: que es un gran caos o que es una gran conspiración. Cualquiera de las dos, y particularmente la segunda, sirve para victimizarse y trasladar hacia afuera toda la culpa de lo que a uno pueda pasarle. Esta apreciación simplista puede encontrarse aun en quienes han pasado por la universidad y, por cierto, tiene una amplia aplicación en el campo de la política.

La propensión infantil a ver conspiraciones por todos lados es ampliamente utilizada por políticos y gobernantes para convocar adhesiones alegando defender al pueblo de aquellos poderosos que, en su supuesto egoísta beneficio, perjudican a la gente bienintencionada.

Este tipo de discurso está en el abecé del populismo y se ha extendido ampliamente en la política argentina de las últimas siete décadas. Desde que Juan Domingo Perón lo utilizó en su camino de construcción de poder en los cuarenta ha aparecido recurrentemente en el juego de la relación masas-líder. El poderoso enemigo del pueblo ha adquirido sucesivamente diversas caracterizaciones: la oligarquía, la sinarquía internacional, los grandes intereses, el capital concentrado, el imperialismo, los grupos financieros, los acreedores ilegítimos, la derecha, los entreguistas, los especuladores, etcétera.

La versión conspirativa suele imaginar una asociación entre todos estos grupos, lo que da fuerza a la presentación. El provecho esencial de esta estrategia de poder es que no sólo sirve para aprovecharse de las ventajas de la democracia en sociedades permeables a estas falsedades sino que una vez en el gobierno las consecuencias de los errores se pueden adjudicar a esos enemigos. Es posible así que el gobernante no sólo quede exculpado sino que además refuerce su convocatoria a luchar contra un enemigo que supone que ha hecho un daño perceptible a la gente.

Todas estas reflexiones vienen al caso en relación con el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner y la escalada de sus errores y acusaciones que hemos presenciado en las últimas semanas. La mayúscula equivocación de querer transferir al gobierno reservas del Banco Central, que dio el argumento necesario para el embargo de las mismas, fue transformada por el discurso kirchnerista en una conspiración despiadada de los "fondos buitres" contra el país. Además, desde el atril presidencial se incorporó en la conspiración a todos los que se habían opuesto localmente al dislate del gobierno. Lo más lamentable fue que, aun comprobadas las consecuencias del error, se siguió insistiendo en mantener la medida y se rechazó toda iniciativa de la oposición de encontrarle al gobierno caminos decorosos de salida. Es que quien ha denunciado una conspiración difícilmente pueda retractarse so riesgo de que los que le creyeron piensen que se pasó al campo enemigo. Es una táctica que lleva a persistir en los errores, lo que en un gobernante es gravísimo. Por otro lado, no puede reivindicar a quienes había acusado de enemigos del pueblo, aunque la realidad objetiva demuestre que hicieron lo correcto. Es el caso de Redrado. Su actitud evitó que el embargo tuviera una concreción más gravosa, pero el matrimonio Kirchner sólo ha aceptado verlo fuera del Banco Central y esa obsesión ha sido suficientemente intensa como para que concentre toda su atención en lugar de buscar salidas al problema de fondo.

Las teorías conspirativas y la adopción del papel de víctima van perdiendo su efectividad cuando se reiteran insistentemente. La credibilidad se erosiona cuando la realidad termina siendo evidente y desmiente aquellas teorías. Es como el cuento del pastor mentiroso. La traducción en nuestra política es la sostenida caída en las encuestas de los porcentajes de apoyo a la gestión gubernamental. No hay duda de que este estilo de gestión debe cambiar, al mismo tiempo que deben encararse con seriedad los problemas estructurales que están llevando al Estado argentino al riesgo de un nuevo default y a la economía, a una situación de anomia con fuertes repercusiones en lo social.

MANUEL A. SOLANET

(*) Economista. Presidente de Infupa y ex secretario de Hacienda de la Nación