BUENOS AIRES (ABA/DyN).- Aunque ayer en la Cámara de Diputados se avanzó en la designación de quienes integrarán -junto al titular del Senado, Julio Cobos- la comisión bilateral que debe dictaminar sobre la destitución del titular del Banco Central, Martín Redrado. Mientras el oficialismo quiere darle al tema un trámite expeditivo, la oposición ya parece haber conseguido dilatar los tiempos en que se extenderá este procedimiento.

Así lo reconoció el elegido titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Gustavo Marconato, quien manifestó que "el debate por la remoción de Redrado podría durar unos cuatro meses". El otro designado a cargo de la otra Comisión (de Finanzas) fue el legislador de la Coalición Cívica, Alfonso Prat Gay. La presidirá el titular del Senado, Julio Cobos, quien además tiene el voto de desempate, una incómoda posición que agravaría su enfrentamiento con el kirchnerismo. (Ver página 3)

En una señal de que el gobierno quiere apurar los plazos, la presidenta Cristina Fernández pidió anoche mismo a Cobos que convoque para el martes a la primera reunión. "Me dirijo a usted a fin de requerirle que convoque para el martes 26 a las 10 para que comience su funcionamiento la comisión especial del Congreso, que tiene a su cargo producir el consejo previo no vinculante que tal norma dispone para la remoción por mala conducta e incumplimiento de sus deberes del señor Hernán (Martín) Pérez Redrado", dice la carta.

Sin embargo, el planteo en el que coincidió la oposición es que se tratará de un debate en el que Redrado tendrá derecho a defensa con lo que conlleva este mecanismo (escuchar acusaciones, argumentar y luego el pronunciamiento) con instancias que harán poco probable que se puedan acelerar los pasos como pretende el Ejecutivo. Si bien Cobos (quien tiene la facultad de poner la fecha de iniciación) aceptaría que la bilateral se reúna la semana próxima -a fin de demostrar que no quiere obstaculizar al gobierno- lo cierto es que es recién el primer paso de un procedimiento burocrático.

Incluso, Prat Gay adelantó a "Río Negro" que el primer tema que se va a abordar es si la comisión puede funcionar con tres de los cinco miembros (los otros aún no fueron designados por no estar conformadas las comisiones que deben nombrarlos). "Entiendo que el reglamento habilita a integrarla con tres representantes porque son mayoría de un total de cinco, pero hay otras interpretaciones", añadió Prat Gay. Este último por si fuera poco, pidió en la víspera apenas fue nombrado a cargo de la Comisión de Finanzas en la Cámara baja, que la presidenta derogue el decreto que removió a Redrado porque cuando fue dictado debió haber estado integrada la bicameral.

El incumplimiento de ese recaudo (exigido por la carta Orgánica del Banco Central) fue uno de los argumentos de la justicia para detener la decisión presidencial de echar a Redrado. La diputada radical Silvana Giudici ya había adelantado -tal como lo publicó este diario en su edición de ayer- que la postura de la oposición es que la jefa de Estado debe dictar un nuevo decreto.

Desde el kirchnerismo los diputados Carlos Moreno y María De la Rosa salieron a refutar ese argumento sosteniendo que no era facultad de la comisión reunida ayer abordar ese planteo ya que el DNU -según esta concepción- tiene fuerza de ley.

La polémica sobre los tiempos estuvo en el centro de las dos comisiones que se reunieron ayer por la tarde.

En su debut en la Cámara de Diputados, dentro de la Comisión de Finanzas el neuquino cobista, Horacio Quiroga (de traje y muy bronceado) acusó al gobierno de "minimizar" el carácter no vinculante del dictamen. (Ver aparte)

El enfoque del diputado radical K de Neuquén, Hugo Prieto (camisa rayada abierta y larga cabellera) expuso la visión oficialista acerca de que el tema Redrado debe ser tratado inmediatamente y que no se trata de un "debido proceso legal". (Ver aparte)

Una investigación exhaustiva del desempeño de Redrado ensancharía los tiempos. Como parte de la contraofensiva la oposición insistió con la necesidad de que el Congreso sesione para tratar el Fondo del Bicentenario y la deuda en su conjunto. Fellner ya había descartado que él vaya a convocar a sesión al considerar que es facultad exclusiva de la presidenta. "Vamos a insistir con la convocatoria, mientras la medida cautelar judicial impide el movimiento de los fondos", sostuvo Patricia Bullrich de la Coalición Cívica. Mientras el tiempo avanza, y en marzo comienzan las sesiones ordinarias...