La venta de casi un tercio de las acciones de Crown -poco tiempo después de que Lotería de Río Negro le ampliara a esa firma en cinco años el lapso de explotación del juego en gran parte de la provincia- viene a confirmar los peores temores: que esa prórroga no estuvo determinada por un interés público-estatal sino por un interés particular de la empresa concesionaria.

Al prorrogar la concesión que vencía en 2017 llevándola hasta 2022, el presidente de Lotería -Gonzalo Sanz- engrosó el patrimonio de Crown, haciendo a la compañía más atractiva para un eventual inversor. El valor de las acciones creció, a la vez que la expectativa del comprador de obtener una sustancial ganancia.

El argumento del costo de construcción de los hoteles resulta precario, si se considera que la propia empresa inició el de Roca, y que la vinculación de ambas actividades potencia la ganancia de la gerenciadora del juego, generando ingresos que no se comparten con el Estado.

Entre las misiones de los funcionarios públicos no se cuenta el hacer favores a empresas, puesto que deben regirse sólo por el interés del Estado y de la ciudadanía.

ALICIA MILLER (amiller@rionegro.com.ar)