BUENOS AIRES.- El juez Ernesto Marinelli elevó ayer a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal los dos expedientes por el uso de las reservas del Banco Central para el pago de deuda y la remoción de Martín Redrado del cargo de titular de esa entidad, aunque las definiciones no serían inminentes, a la espera de una salida política al conflicto.
Se trata de las causas iniciadas por la UCR, por un lado, y la Coalición Cívica y el PRO, por el otro, contra el decreto de necesidad y urgencia que creó el Fondo del Bicentenario, y el de despido de Redrado.
Las juezas Marta Herrera y Clara Do Pico, integrantes de la sala de feria de la Cámara, "se abocarán de inmediato al estudio de las apelaciones interpuestas por el Estado Nacional", revelaron fuentes judiciales, aunque subrayaron que los plazos podrían extenderse a la espera de las respuestas políticas al conflicto. Todavía no llegó a Cámara el expediente iniciado por el peronismo disidente, en el que la jueza María José Sarmiento dictó una "medida cautelar autónoma" que también suspendió el Fondo del Bicentenario.
Esa causa, que tiene tiempos de tramitación distintos, todavía está en manos del juez de primera instancia Marinelli, quien ayer rehusó opinar sobre si la instrucción presidencial para convocar a la Comisión Bicameral para que analice el DNU de remoción de Redrado podría extender los plazos judiciales.
Marinelli sostuvo que "en principio, no", pero luego aclaró ante los periodistas que aguardaron su llegada a tribunales que "eso deben consultarlo con la Cámara porque ya no son míos los expedientes".
Mientras tanto, el Gobierno le echó la culpa a la Justicia por haber tenido que mandar al Congreso el decreto en el que echaba a Redrado: el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que la estrategia inicial "salió mal porque hay jueces que se meten en lo que no se tienen que meter", y por eso ahora una comisión bicameral analizará el DNU 18/2010.
Precisamente, al mismo tiempo que era echado, Redrado fue denunciado penalmente por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, al no acceder a lo establecido por el DNU en el que se instaba a depositar 6.569 millones de dólares de las reservas del BCRA para implementar el Fondo del Bicentenario, con el fin de pagar la deuda pública.
El juez federal Norberto Oyarbide, que tiene en sus manos esa investigación, dijo hoy de ser necesario citaría a declarar a Redrado como imputado.
