El Centro de Derechos Humanos del Comahue pidió que no haya más corrupción ni trata de personas en Río Negro, a poco de cumplirse -el 30 de enero próximo- un año del informe del ex auditor del Superior Tribunal de Justicia, Gustavo Martínez.

La Cedhco indicó que "nuestra intención es unir todas las voces para solicitar al gobernador Miguel Saiz, al actual ministro de Gobierno de Río Negro, Diego Larreguy, a los legisladores de todos los bloques de la provincia y al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro:

"-Sumariar y despedir a todos los policías implicados en los casos de proxenetismo, promoción y facilitación de la prostitución de menores y mayores, trata de personas, rufianería, entre otros hechos e iniciar una investigación exhaustiva e independiente sobre los hechos;

"-Solicitar una investigación exhaustiva e independiente sobre el accionar del actual Jefe de la Policía de Río Negro y su destitución del cargo que desempeña al frente de esa fuerza.

"-Solicitar la pronta restitución del Oficial Subinspector Gabriel Ormeño a la fuerza, debiendo ser indemnizado por el daño sufrido por él y su familia;

"-Poner el conocimiento del gobernador, al ministro de Gobierno y a todos los bloques de la Legislatura, la necesidad de una urgente y pronta revisión de la legislación que regula el accionar de la Policía provincial y de las facultades de la Jefatura, incluyendo particularmente las disciplinas, que notoriamente contradicen derechos, garantías y principios constitucionales básicos resultando en muchos aspectos repugnante al sistema democrático y contrarias al nuevo orden normativo existente tras la incorporación de las convenciones Internacionales.

Indican más adelante que "una provincia que ha dado en llamarse "la provincia de los derechos humanos" y que ha sido pionera al respecto no puede darse el lujo de permitir tales actos aberrantes al orden democrático, por lo cual, será eje de nuestro pedido a las autoridades provinciales".

El ex funcionario judicial, Gustavo Martínez, analizó el accionar de la jueza de Choele Choel, Marisa Bosco, tras una presentación en su contra en el Consejo de la Magistratura planteada por el ministro de Gobierno, José Luis Rodríguez. En ella se cuestionó el accionar de la magistrada en el marco de la investigación que lleva adelante desde hace tiempo por la presunta trata de personas en el Valle Medio. Se le responsabilizó una presunta filtración de información a la Defensora del Pueblo y a una publicación de este diario sobre ciertos aspectos de las actuaciones penales en las que aparecen involucrados funcionarios de la Policía rionegrina.