NEUQUÉN (CAE).- La Fiscalía Federal consideró que la Jueza Margarita Gudiño de Argüelles tenía elementos suficientes para acusar penalmente a policías y gendarmes que quedaron fuera del procesamiento del 30 de diciembre, por lo que apelaron la decisión de la juez a la Cámara de Roca. Así lo confirmó la fiscal María Cristina Beute y la secretaria de la fiscalía para esta causa, Jorgelina D´Alessandro.

La anterior jueza, Margarita Gudiño de Argüelles, procesó a 19 imputados el 30 de diciembre de 2009, un día antes de que cesara su subrogancia en el Juzgado Federal de Neuquén. En la misma resolución, sobreseyó a tres imputados -un policía neuquino y dos gendarmes- y determinó la falta de mérito a otros cinco imputados; es decir no los procesó pero tampoco los sobreseyó a la espera de nuevas pruebas que le permitan definir su situación.

Para la Fiscalía las "falta de mérito" que Gudiño le endilgó a tres policías rionegrinos que actuaron en la comisaría de Cipolletti en el período en que se afirma que la unidad funcionó como un centro clandestino en 1976, debieron ser procesamientos.

Beute argumentó que hay cuatro víctimas que aseguraron haber sufrido torturas -efectuadas a cara descubierta muchas de ellas- por parte de estos policías; y sufrieron graves secuelas a consecuencia de ellas como la pérdida de un oído y parte de la dentadura por los golpes, o los reiterados "submarinos".

"La jueza tiene acreditados la materialidad de los hechos por el testimonio de las cuatro víctimas, y para la Fiscalía esto es suficiente porque son testigos calificados como se fundamentó en la causa 13 sobre los delitos de lesa humanidad", dijo Beute.

Agregó que hay testimonios de otras víctimas de que los mismos policías acusados participaron en otros hechos durante su paso por la comisaría cipoleña, "por lo que entendemos que esa prueba debe ser valorada en conjunto para imputarlos y procesarlos", reafirmó.

En la apelación la Fiscalía también apeló para que se procese a un policía neuquino que estaba a cargo de la comisaría de Plottier en 1977, en cuyo caso la jueza dejó fuera de la causa con un sobreseimiento.

"La víctima fue detenida en la comisaría de Plottier, la jueza reconoce que fue por orden del Ejército en el contexto del plan sistemático pero luego dice que el policía no es responsable penalmente, por lo que hay una incoherencia en el razonamiento", consideró Beute.

Por su parte D´Alessandro agregó que hay pruebas de que el comisario acusado por la Fiscalía le advirtió a la víctima que se lo detenía por su actividad política y gremial (aunque en el libro de guardia figurara por averiguación de antecedentes), tras lo cual fue llevado a "La Escuelita" para ser brutalmente torturado. La víctima, Milton Gómez, falleció en 2006 y en los primeros años de la democracia fue jefe comunal en Las Coloradas.

La Fiscalía también criticó el sobreseimiento de dos gendarmes que habrían participado como parte del grupo de tareas en Chos Malal, durante la búsqueda de Felipe Lara (desaparecido). "El fundamento de la apelación es que es prematuro sobreseerlos porque hay elementos que los involucran, y si bien habría que aclarar algunos hechos, creemos conveniente un criterio más provisorio como una falta de mérito antes de un sobreseimiento, por el cual quedan totalmente desvinculados de la causa", dijo Beute.

Finalmente la Fiscalía planteó que para este tramo en investigación, se requirieron nuevas pruebas y más indagatorias "que surgieron de la prueba rendida".

Con respecto al segundo tramo (en trámite de ser elevado a juicio con 25 procesamientos por denuncias de 39 víctimas) la Fiscalía opinó que debería elevarse a juicio este mes para que el expediente pueda llegar al Tribunal Oral Federal y ponerle fecha al segundo juicio.