El sucesor de Pablo Vignaroli en la fiscalía anticorrupción. Ignacio Di Maggio, estaría de acuerdo con el juez de la causa Temux, Marcelo Muñoz, en dar por terminada la investigación del fraude que perjudicó el Banco de la Provincia del Neuquén en más de 20 millones de pesos, y elevar la causa a juicio. Pero se propondría emprender una investigación por separado de la participación en la causa de la principal contratista del plan de seguridad neuquino, Damovo S.A.

En estos días, el expediente está en manos de la parte querellante, el banco, representado por el abogado Rodolfo Pandolfi, quien también deberá expedirse sobre la iniciativa de Muñoz, basada en lo prescripto por el artículo 311 del código procesal penal neuquino. Hasta hoy, los imputados en el juicio por Vignaroli son Félix Racco, Carlos Alberto Sandoval, José Luis Falletti, Oscar Raúl Oliva, Rubén Andrián, Juan Pablo Bugner, Osvaldo López Rodiño, Carlos Herrera y Alberto Cáceres, todos ellos funcionarios del BPN. Y de Temux los sospechados son Daniel Calabria, Carlos Troiani, Héctor Della Giovanna, Mariano Del Fresno y José Miguel Medina. Como era de esperar, ni Jorge Sobisch, que aprobó el plan de Bugner para negociar con Temux a fines de 2004, ni Luis Manganaro, quien hizo el vínculo con Temux cuando presidía el banco, aparecen en la lista de sospechados de Vignaroli, pero tampoco, ni antes ni ahora, se ha pedido que comparezcan como testigos.

En febrero del 2005, cuando el caso ya era un escándalo público a raíz de pedidos de informes de legisladores opositores publicados en este diario, Damovo depositó unos doce millones de pesos en cuentas corrientes del grupo Temux abiertas en la sucursal Buenos Aires del BPN. Después de la comprensible estupefacción que provocó la denuncia del diputado justicialista Ariel Kogan al respecto, el presidente de Damovo, Manuel Requejo, explicó a Vignaroli que los cheques que, en conjunto, sumaban los doce millones, habían sido entregados a tres desconocidas empresas subcontratistas de los trabajos del plan de seguridad, que este diario no pudo ubicar en una minuciosa búsqueda por domicilios y teléfonos consignados en los "subcontratos".

La orientación del juzgado y la fiscalía ha sido, desde un principio, la de reducir la investigación, en espacio y tiempo, a los acontecimientos producidos en los dos o tres últimos meses de 2004 y primeros de 2005 (hasta la denuncia penal que hizo Racco), evidenciados en los descubiertos en las cuentas de Temux y en los adelantos por operaciones de exportación. Se investigó una parcialidad, pero no la totalidad. Se desechó la aparición de Damovo, que en enero de 2005 había recibido de la provincia 22 millones de pesos por pagos de trabajos del plan de seguridad.

Y, para decirlo con todas las letras -y como lo sabe el doctor Di Maggio- se ignoró el contexto político, que relacionaba la costosa campaña electoral de Sobisch para las elecciones presidenciales, su alianza política con Mauricio Macri, y la entrega de dos de los principales contratos del plan de seguridad a amigos de Macri, uno Requejo y el otro Cristiano Rattazzi. Es difícil llegar a un buen resultado cuando, aún con las mejores intenciones, se quiere separar lo que está unido.

JORGE GADANO

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