Las dificultades presupuestarias y financieras de la provincia de Río Negro no parecen dispuestas a tomarse vacaciones.

En lo que va del verano, numerosas han sido las situaciones vinculadas con la salud, la infraestructura u otros servicios básicos que evidencian la discordancia entre un Estado de grandes dimensiones y servicios de baja calidad.

En Las Grutas, adonde van los que quieren y pueden disfrutar de esas excelentes playas rionegrinas, los dolores de cabeza complicaron a los visitantes y causaron apuros a los prestadores de servicios y a los funcionarios locales: el desborde cloacal en la playa, la falta de agua, cajeros automáticos insuficientes y un hospital sin condiciones para atender a locales y turistas, entre otras cosas, generaron un malestar incompatible con la armonía y el confort que es el mayor atractivo de los lugares turísticos y su principal llave al desarrollo sustentable en el tiempo.

La infraestructura de servicios turísticos es prioridad para la gran mayoría de los estados, que advierten que la actividad tiene un efecto multiplicador importantísimo. Su virtud fundamental respecto de otras actividades económicas es que, si bien todas generan riqueza, otras lo hacen sobre la base de numerosos empleados mientras que el turismo fomenta la creación de pequeñas y grandes empresas de servicios, lo que acrecienta sus ventajas de un modo exponencial.

Tan evidente es que el Estado rionegrino ha descuidado la infraestructura de apoyo al turismo en Las Grutas que hoy aquellos empresarios que apostaron fuerte a esa región de la provincia ponen en duda los tiempos en que recuperarán la inversión.

Lamentablemente, la situación financiera actual impide a la provincia pensar en obras relevantes en materia de saneamiento, allí o en otras localizaciones donde resultarían igualmente necesarias: en Bariloche, su gran activo turístico -el lago Nahuel Huapi- es agredido constantemente con derrames de aguas servidas. Y el río Negro, en toda su extensión, sufre la carencia de plantas depuradoras eficaces para los desechos cloacales de las ciudades ubicadas a su vera.

Los años de ingresos abundantes pasaron sin que se realizaran tampoco las reformas tendientes a modernizar y jerarquizar la estructura del Estado. Y, hoy, gran parte de la energía de gestión del gobierno de Miguel Saiz debe destinarse a encontrar el modo de pagar los salarios de los empleados públicos, sin que queden recursos humanos y materiales suficientes para dar repuestas a las necesidades de una sociedad en constante crecimiento.

El ministro de Hacienda, Pablo Verani, acaba de admitir que el crédito privado que la Legislatura autorizó será muy inferior a los 200 millones planeados hace un mes. No hay suficientes bancos dispuestos a prestarle al Estado provincial, ni siquiera cobrando las generosas tasas de interés que rigen en el mercado actual. A lo sumo podrán conseguirse 130 millones de pesos, afirmó el ministro, que es por estos días uno de los pocos funcionarios del gabinete que mantienen un ritmo intenso de actividad.

De sus declaraciones se puede concluir que casi 100 millones de pesos del déficit operativo del Estado previsto para este año quedarán sin financiamiento de ningún tipo.

Eso, sin contar la amortización de capital e intereses de la deuda provincial, que podrá aliviarse recién cuando se concluya con la Nación el Plan de Asistencia Financiera, algo que puede suceder en febrero o marzo.

En ese marco, asombra que los dirigentes más allegados al gobernador estén destinando una parte importante de su tiempo a promover y diseñar una reforma de la Constitución provincial.

Adecuar el texto de la carta magna es una tarea muy noble y, en ciertos aspectos, incluso necesaria. Pero en la actual circunstancia tales empeños hablan de cierto voluntarismo simplón, si se toman en cuenta las dificultades que, de un modo previsible, ocuparán a la gestión durante el año.

Tal vez la Salud Pública sea el sector que más acuse la falta de inversiones evidenciada en los últimos tiempos. De ello, la enfermedad y muerte de la niña Luciana Pérez en Bariloche fue un emergente claro.

Ni qué decir de los derechos de las personas privadas de su libertad y alojadas en establecimientos de detención provinciales. O de los derechos especialísimos de los niños desamparados.

Pero, por alguna razón, los integrantes del llamado "grupo Residencia" y -es de suponer- el propio gobernador confían en que incluir en el texto constitucional la adhesión a tratados internacionales de derechos humanos ya reconocidos por la Constitución nacional bastará para que éstos estén efectivamente garantizados para todos los rionegrinos en mayor medida que hoy.

Del mismo modo, la participación ciudadana y la democratización del sistema político no son ideales encerrados en un texto sino prácticas que es necesario alentar y promover con acciones concretas, y sobran las dudas respecto de los avances de la gestión Saiz en ese sentido.

Curiosamente, en Viedma, un dirigente radical bastante distanciado del gobernador -el intendente Jorge Ferreira- ha formulado en los últimos días una convocatoria asombrosa, aunque resultara finalmente poco atractiva para casi todos. Impulsó que los cinco partidos principales se integraran en una lista única para la elección de convencionales para reformar la Carta Orgánica local.

La democracia implica, como modo de relacionamiento político, la posibilidad de que personas y grupos de pensamientos diferentes y hasta decididamente opuestos sean capaces de compartir espacios de debate y de toma de decisiones.

Los partidos políticos, en ese esquema, son uno de los modos de representación de la inmensa posibilidad de opiniones en una sociedad.

Tienen gran cantidad de fallas. Y hasta limitaciones de origen, puesto que los derechos políticos están consagrados por la Constitución nacional para todos los ciudadanos, y no sólo para aquellos que estén afiliados a un partido.

Pero, más allá de este debate, está más o menos reconocido que la formación de partidos políticos permite cierta organización de la oferta electoral, además de que daría lugar -si en este país las normas se cumplieran- a un control eficaz de su democracia interna y de las fuentes de financiamiento de la política.

Es de suponer que Ferreira buscó, por un lado, garantizar su propio protagonismo en un esquema -por cierto- original. A la vez que diferenciarse de la habitualidad política en el país, caracterizada por las confrontaciones verbales violentas y hasta groseras, que terminan asqueando al electorado y contribuyen a alejar al común de los ciudadanos de la vida política.

Sin embargo, aun considerando la gran cantidad de razones para cuestionar los modos y métodos actuales de la política, no conviene olvidar que -en lo que a ella se refiere- la diferencia es una virtud y la homogeneidad, un peligro serio.

Entre lo malo y lo dudoso no vale elegir pasivamente. Es preferible comprometerse para hacer posible que lo mejor tenga un lugar en la vida cotidiana.

ALICIA MILLER

amiller@rionegro.com.ar