"La falta de independencia judicial, sumada a la falta de protagonismo del Congreso, más esta mezcla que existe entre lo público y lo privado, es un cóctel explosivo de corrupción".

Este diagnóstico pertenece a Manuel Garrido, ex titular de la Oficina Anticorrupción (OA) y hasta hace pocos meses de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Hoy es director del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

La corrupción, el soborno o la "coima" se extienden a todos los que están vinculados al poder, en todos los estratos sociales, en el ámbito público y en el privado, desde un vendedor de entradas de teatro, que por unos pesos más da la mejor ubicación faltando pocos minutos para el inicio de la obra, a un funcionario público que agiliza un trámite burocrático o autoridades que sellan una licitación millonaria con sobreprecios.

Pero "las decisiones más importantes de corrupción se toman en los más altos niveles, que además son niveles políticos de corrupción. De la discrecionalidad política dependen decisiones de gran magnitud económica", advierte Garrido .

Desde el regreso de la democracia en 1983, pocos presidentes han quedado exceptuados de sospechas de corrupción, casos de sobornos o enriquecimiento ilícito. Es el caso de Carlos Menem (1989- 1999), involucrado en la causa por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia, sospechado de pagar "sobresueldos" y procesado por entorpecimiento de la investigación del atentado a la mutual judía AMIA, entre otras.

Su sucesor, Fernando de la Rúa (1999-2001), de la Alianza UCR- Frepaso, está procesado por el presunto pago de sobornos a senadores para la aprobación de la reforma laboral.

Y el matrimonio del ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y la actual mandataria Cristina Fernández está en tanto sospechado de enriquecimiento ilícito. Según las últimas declaraciones juradas de bienes, el patrimonio de la presidenta y su esposo creció un 158% entre el 2007 y el 2008. La causa ya fue sobreseída por la Justicia en medio de gran polémica.

El secretario privado de la mandataria, Víctor Fabián Gutiérrez, también es investigado por enriquecimiento ilícito, ya que su patrimonio creció un 765% en seis años, mientras se analiza la presunta red de testaferros a través de la cual el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime habría comprado un lujoso jet al tiempo que distribuía multimillonarios subsidios a empresas del sector que manejaba.

Existen varios organismos dedicados a la detección e investigación de posibles hechos de corrupción, como la OA, la FIA, la Sindicatura General de la Nación, la Unidad de Información Financiera. Pero varios de ellos fueron debilitados por el poder político y otros no dan abasto.

"Desde el 2003 lo que hubo fue un congelamiento, la Oficina Anticorrupción fue desmantelada y ahora hay un claro retroceso", observa Garrido.

El ex fiscal afirma que "en la década del 90, con las privatizaciones, y en estos años, con el tema de las renegociaciones, lo que se produjo fue que en poco tiempo se tomaron muchas decisiones que implican mucho dinero".

"La corrupción en la Argentina se agrava por los grandes niveles de impunidad que hay y por la política argentina, donde está todo mezclado. No es casual que los partidos políticos estén atomizados, que haya una falta de diferenciación clara entre las dirigencias sindicales y la dirigencia estatal", asevera Garrido.

El ex fiscal sostiene además que no está arraigada la cultura política de control ni en el Congreso ni en el Poder Judicial. No escapan tampoco de las sospechas el clientelismo político ni el financiamiento de las campañas electorales, que en los últimos meses volvieron a tomar vuelo por los aportes a la carrera presidencial de Fernández de Kirchner de parte de los cabecillas de la "mafia de los medicamentos".

En el sector privado, las empresas representan una pata indispensable de la corrupción, pero "es la parte menos visible". "Los sobornos pagados por empresas en Argentina por lo general no se revelan; lo que las investigaciones revelan son irregularidades de los funcionarios públicos, que son las consecuencias de los sobornos", señala el ex fiscal.

En el país hubo casos resonantes que involucraron a compañías internacionales, como los escándalos del gigante de informática IBM y el estatal Banco Nación, de la compañía alemana de electrónica Siemens y del grupo sueco Skanska. Pero esto también es resultado de un sistema de hacer negocios en el país, cuyo rechazo podría significar quedar afuera de las operaciones. "Es un tema de responsabilidad social de los empresarios y en la Argentina no ha sido asumido porque nadie quiere resignar negocios", sostiene Garrido.

Los casos de corrupción atraviesan el sector del comercio exterior, de las cuentas públicas y son casi indispensables para el funcionamiento del vasto sector de la economía que se mueve en la informalidad. La corrupción tiene un costo altísimo para el Estado y genera un amplio perjuicio a la sociedad. Pero no se vislumbra en el corto plazo una salida.

"No se va acabar nunca con la corrupción, pero para reducir los niveles de corrupción primero tendría que haber un compromiso serio de todos los políticos de establecer políticas públicas y mejorar los controles. Habría que fortalecer la independencia judicial, adoptar una agenda sostenida de prácticas, sistemas y funcionamiento del Estado, habría que mejorar los niveles de acceso a la información", enumera el ex fiscal.

Y con una mezcla de esperanza, ilusión y resignación, destaca "todo lo que se podría hacer si hubiera un mínimo de decisión de poder para modificar esto".

CECILIA CAMINOS

(DPA)