La corrupción es el mal endémico de Latinoamérica y, aunque en los últimos años se logró avanzar en muchos aspectos, en la mayoría de los países de la región sigue habiendo una verdad indiscutible: "el que no transa, no avanza".
La permanente corrupción, tanto a nivel estatal como empresarial, es algo asimilado por el común de la población, que cada vez exige menos esfuerzos en la lucha contra esa lacra, fuerte freno por otra parte al crecimiento económico, señaló en entrevista con DPA Alejandro Salas, director regional para las Américas de Transparencia Internacional (TI), con sede en Berlín.
Atrás quedaron los años de finales de los 90 y principios de siglo, cuando la corrupción dejó de ser tabú y la batalla por exterminarla se convirtió en la bandera de las campañas de muchos políticos como Vicente Fox en México, Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Alejandro Toledo en Perú, Enrique Bolaños en Nicaragua o Andrés Pastrana en Colombia, recordó el experto.
Muy pronto, en cuanto esos dirigentes se dieron cuenta de que la lucha no les estaba rindiendo réditos políticos, decidieron empezar a abandonarla, sobre todo en los países más grandes.
"La corrupción es un tema en el que no se ven beneficios a corto plazo, así que los gobernantes empezaron a mover su agenda hacia otro lado en el que pudieran obtener resultados más rápidos", dijo a DPA la colombiana Juanita Riaño, coordinadora sénior del programa de medición de corrupción de TI.
"Hoy en día la mayoría de la gente piensa: así somos, así funcionamos, qué le vamos a hacer", afirmó.
Por ello, nadie se sorprende de que incluso las tareas más sencillas se puedan convertir en algo muy difícil en América Latina: renovar el pasaporte, obtener una licencia de construcción o abrir un negocio pueden requerir días o meses de espera o, en su defecto, "pagos extraoficiales".
De hecho, existe la convicción de que sin esas propinas las cosas no funcionarían.
Las esperas son tan largas y engorrosas en muchos casos que en toda la región existe una industria cuyo objetivo es facilitar los trámites burocráticos, una amplia red de personas dedicadas semiprofesionalmente a ello: son los denominados "coyotes" o gestores.
"Al final todo se vuelve un círculo vicioso: el ciudadano no cree en el sistema ni en los políticos y trata de sacar provecho de la situación", continuó Riaño.
Por todo ello, la percepción de la corrupción sigue siendo muy alta en toda la región, recalcaron Salas y Riaño. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2009 de TI (IPC), el más reciente, Haití, Venezuela, Paraguay, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Bolivia y Argentina son en ese orden los países latinoamericanos con un mayor grado de percepción de corrupción.
En ese barómetro, en el que aparecen 180 países clasificados según los niveles de corrupción que se perciben en el sector público, Haití ocupa el puesto número 168 con 1,8 puntos, al igual que Burundi, Guinea Ecuatorial, Irán y Turkmenistán.
Brasil, Perú y Colombia se ubican en la posición 75, por delante de El Salvador, Guatemala y Panamá, en el lugar 84, de México, en el puesto 89, y de la República Dominicana, en el 99. Chile y Uruguay comparten el Nº 25 del ranking con 6,7 puntos y se posicionan así como los más limpios de la región.
TI, que más que denunciar o castigar busca crear mecanismos de prevención, identifica dos tipos de corrupción en América Latina: por una parte la administrativa, en la que se están haciendo importantes progresos, y por otra la corrupción a gran escala, tanto estatal como privada, que sigue siendo un importante reto.
La primera de ellas es la del día a día del ciudadano, la que exige "mordidas" a cambio de lograr una cita para el médico, por ejemplo. La segunda es la de las grandes obras públicas, la financiación de partidos políticos, campañas presidenciales, etcétera, en la que con frecuencia, aprovechando los vacíos legales, entran a interactuar narcotraficantes o paramilitares, indicó Salas. En su opinión, una de las mayores trabas para combatir la corrupción en la región es la orientación populista o autoritaria de algunos gobiernos y la tendencia a concentrar poder en el Ejecutivo, que genera un desequilibrio de poderes y debilita al Judicial, que debería tener un papel más prominente.
Como resultado, la impunidad se convierte en otra de las principales barreras en la lucha contra la corrupción. "En algunos países existen vacíos legales, en otros la Justicia nunca llega a actuar en determinados casos y, al final, miles de delitos quedan sin castigar, lo que favorece el crimen", señala el experto de TI.
En México, por ejemplo, sólo el 1% de los crímenes cometidos son castigados, según un estudio de KPMG. Muchos de los delitos no llegan siquiera al tribunal, porque todo se soluciona "arreglándolo" con un agente.
"Con frecuencia la corrupción es algo intrínseco a la Policía. Al no funcionar esa institución, lo que se está haciendo es fomentar el principal problema de Latinoamérica: la violencia, la inseguridad ciudadana", explicó Salas.
También fomentan el crimen organizado las altas tasas de pobreza y marginalidad, el tráfico de influencias y los sobornos, recordó. Los grupos que se benefician de la falta de ley -los cárteles de narcotraficantes y las mafias- son los principales enemigos, porque se dedican a debilitar al Estado.
La tendencia a concentrar el poder en el Ejecutivo impide del mismo modo que existan sistemas transparentes, que el pueblo vea y participe en lo que se decide, agregó el experto. Por ello, en la región se ha registrado una preocupante pérdida de valor de las instituciones democráticas. "La gente no cree en los políticos ni en los partidos ni en la Justicia... y eso es gravísimo. En países como Guatemala, la institucionalidad está totalmente desgastada", enfatizó Riaño.
Para erradicar de verdad la corrupción, Latinoamérica tiene todavía un largo camino. Además de fortalecer las instituciones democráticas, la transparencia y la división de poderes, también se enfrenta a un importante reto que en los últimos años, preocupada por combatir las prácticas ilegales en el sector público, descuidó: depurar el sector privado, muy afectado por fraudes y extorsiones.
Sin embargo, el momento en el que se encuentra es mucho más alentador que hace años: en todos los países el tema tiene su lugar en la agenda pública, se están haciendo esfuerzos por modernizar el Estado aumentando la transparencia y varios han introducido sistemas de acceso a la información pública.
"Todo ello tiene un solo objetivo: enviar el mensaje de que la sociedad tiene poder para vigilar al Estado. Antes, para un político corrupto el coste de que lo descubrieran era casi insignificante, hoy puede ser altísimo", concluyó Salas.
ROSA ARANDA
(DPA/Redacción Central)
