BUENOS AIRES (DyN) - Legisladores de la oposición confiaron en que la crisis institucional que se desencadenó a partir del decreto que habilitó el uso de reservas para el pago de la deuda y sus numerosas derivaciones, tenga una "solución política" y no judicial.

Así lo destacó el senador y titular de la UCR, Ernesto Sanz, quien consideró "erróneo" el argumento gubernamental acerca de que el Congreso recién debe retomar sus funciones en marzo. Sanz reivindicó la convocatoria que el vicepresidente Julio Cobos hizo a los presidentes de todos los bloques del Senado para mañana a las 18.30, en el marco de una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, a la que el oficialismo ya anunció que no va a concurrir.

Pese a la renuente actitud del kirchnerismo, el jefe del radicalismo confió en que "en no muchos días más, el Congreso tendrá una respuesta" tanto en el asunto de las reservas como en la situación del restituido presidente del Banco Central, Martín Redrado. "No es la Justicia sino la política" la que debe dar una solución, sentenció.

Por su parte, el jefe del bloque de diputados de PRO, Federico Pinedo, ratificó la decisión de la oposición de "autoconvocarse", si el presidente de la Cámara baja, Eduardo Fellner, no llama "formalmente" a los titulares de bancada a mantener una reunión para intentar reencauzar la crisis por la vía parlamentaria.

"Estamos francamente muchos opositores decididos a autoconvocarnos en la Cámara de Diputados", sostuvo Pinedo y advirtió que "Fellner es el presidente de la Cámara pero no es el dueño de la Cámara, que representa al pueblo de la Nación".

Es que Fellner, a diferencia de Cobos, convocó para la próxima semana a "una reunión informal" de todos los jefes de bloques para analizar "la agenda parlamentaria" y "el tratamiento de los DNU".

Ayer, Pinedo advirtió que la acusación de "golpista" que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, lanzó contra el vicepresidente Cobos por querer que el Congreso "funcione en una democracia", merece "un análisis psiquiátrico". Pinedo fue uno de los diputados de la oposición que pidió una medida cautelar contra el decreto de necesidad y urgencia que busca pagar más de 6.500 millones de dólares de la deuda pública con reservas del Banco Central.

La jueza federal María José Sarmiento dio lugar a esa presentación y decidió suspender el DNU. "Fue un fallo sencillo, directo y absolutamente ajustado a lo que dice la Constitución", analizó Pinedo, al recordar que el artículo 99, inciso tercero, de la Carta Magna "dice que las dos cámaras del Congreso tienen que reunirse en forma inmediata para revisar los decretos de necesidad y urgencia".