Con una escueta respuesta de tan sólo cinco renglones, el titular de Emprendimientos Hidroeléctricos Sociedad del Estado Provincial del Neuquén (Emhidro SEP), Elías Sapag, rechazó el pedido de impugnación presentado el lunes por la UTE conformada por Benito Roggio, Corsan Corviam, Esuco SA y Supercemento SAIC, uno de los grupos que participaron de la licitación para la construcción de Chihuido I.

El reclamo apuntaba a la preadjudicación para el inicio de obra en la que se había beneficiado el consorcio liderado por dos empresas ligadas a la administración Kirchner: Electroingeniería (EISA) y CPC, cuyo titular es el empresario Cristóbal López.

En el escrito entregado como respuesta a la demandante, Sapag señala que el pedido "no cumple con las condiciones establecidas para su admisión por lo que debe rechazarse de pleno derecho". Tras esta frase aparece su firma y no hay mayores explicaciones sobre las exigencias realizadas por la UTE mencionada.

El grupo liderado por Roggio presentó el lunes un extenso trabajo señalando lo que ellos consideraban irregularidades por lo que se deba rever la decisión de preadjudicar la obra a las empresas K.

En este estudio se solicitaba que se realice una nueva evaluación de las propuestas considerando que existen errores "metodológicos" en los mecanismos de preclasificación que afectan los resultados de la licitación. "La metodología aplicada no estuvo especificada en los pliegos adquiridos y eso es un hecho grave", había señalado días atrás una fuente de Benito Roggio desde sus oficinas en Buenos Aires al ser consultado por el tema.

Consultadas las fuentes empresarias sobre los pasos a seguir luego de la negativa de Sapag para dar curso a la impugnación, aseguraron que "ahora todo está en manos de nuestros abogados".

La oferta del consorcio conformado por las empresas EISA, Constructora OAS, CPC e Hidrocuyo SA fue la que obtuvo la preadjudicación de la obra con una oferta para su construcción de 5.825 millones de pesos. La cifra es 1.200 millones de pesos más cara que la ofertada por la UTE liderada por Roggio y 400 millones más elevada que la presentada por el grupo Impsa.

Electroingeniería es una empresa que está cuestionada ante la justicia por sobrecostos en la obra pública, entre ellas el tendido Madryn-Choele Choel sobre la que existe una denuncia penal.

CPC es una de las firmas que integra el grupo de Cristóbal López, que también está en la mira de la justicia por ser una de las privilegiadas del matrimonio K a la hora de repartir en forma discrecional los fondos públicos para obras. López esta muy ligado a la región. Es director de la empresa de transportes Indalo de Neuquén, dueño de la firma rionegrina Alcalis de la Patagonia (Alpat) y realiza servicios a las empresas petroleras instaladas en la cuenca neuquina.