LAS GRUTAS (ASA).- "No hay lugares disponibles, porque tenemos todos los micros que van a ese destino cubiertos" o "ya se completaron los asientos que la ley prevé para discapacitados", son algunos de una larga seguidilla de falaces argumentos con los qué, de manera reiterada, las empresas de micros de larga distancia les niegan a los usuarios con discapacidad y cuentan con certificado el derecho que los asiste de viajar de manera gratuita junto con un acompañante al punto que requieran, avisando de la demanda 48 horas antes.
Desde que se inició la temporada estival alrededor de siete casos de personas afectadas por este problema fueron recepcionados por la Secretaría de Turismo local y la cartera de Acción Social, que aunque no son los entes encargados de darle respuesta al problema en algunas ocasiones hasta tuvieron que ocuparse de buscarles un alojamiento provisorio a los damnificados, ya que culminada la estadía que abonaron por sus vacaciones y a la espera de que las firmas de transporte respondieran con los pasajes, habían agotado el efectivo con el que contaban.
"Estas empresas, que pueden ser provinciales o nacionales, tienen un manejo perverso del tema, ya que desde 2002 están subvencionadas por el estado y a la hora de cumplir con lo que la ley 25635 les requiere, buscan pretextos o a sabiendas malinterpretan lo normado citando otra ley que establece que los asientos más cercanos a la puerta deben destinarse a discapacitados o embarazadas, confundiendo a los usuarios al mencionar un cupo que en realidad no existe, porque la ley vigente no marca una cantidad ´x´ de asientos por colectivos destinados a este fin", manifestó el presidente del Concejo de Discapacidad de la provincia, Juan Pablo Benito.
Pese a que el tema es uno de los problemas que desvelan regularmente a las autoridades y organismos abocados a la discapacidad, durante las vacaciones posee un cariz dramático, porque como ocurrió y ocurre en esta villa muchos se quedan varados durante días en penosas condiciones sin conseguir medios de traslado, debido al incumplimiento de las empresas del rubro.
"Quiénes tienen el poder de policía para conminar a las firmas a cumplir con esta norma son la "Comisión Nacional Reguladora del Transporte" (CNRT), en el caso de que sean empresas con alcance nacional, y la Dirección de Transporte de la provincia, si son firmas rionegrinas, pero lo que ocurre es que la CNRT, por ejemplo, posee una única delegación en nuestra provincia con sede en Bariloche, y aunque ambos organismos reciben denuncias, en el momento en que ocurre el problema, los usuarios afectados tal vez no logran establecer un contacto inmediato, o no saben que deben y pueden recurrir a ellos", manifestó Benito.
