El caso de Luciana Pérez terminó por resquebrajar lo único que le quedaba indemne al hospital zonal de Bariloche: la confianza de la población en el esfuerzo y la idoneidad de su cuerpo médico para sostener un servicio de salud carente de los recursos y la infraestructura necesarios y abandonado por el poder político.
El "Ramón Carrillo" arrastra más de una década de crisis estructurales que el año pasado se llevó puesta a la conducción de Felipe De Rosas y su equipo, cansados de reclamar por todos los medios posibles el cumplimiento del presupuesto programado y la asignación de recursos adecuados para atender la creciente demanda.
Una gestión responsable que cerró su ciclo abrumada ante la sordera y la indiferencia del gobierno que no mostró mayor preocupación por apuntalar al nosocomio más grande de la provincia. Por el contrario le retaceó los recursos -humanos y económicos- y lo dejó sumido en su profundo aislamiento geográfico y operativo.
Era esquizofrénico pensar que semejante precariedad no derivara en alguna deficiencia concreta, con pacientes e incluso médicos damnificados. Una precariedad y desgaste tal que aniquiló los reflejos, las certezas y la capacidad de contención de la institución y su personal.
Lo paradógico es que el error no fue de índole médico sino humano, falló la comunicación y la contención a la hora de transmitir una noticia que la familia no quería aceptar.
Pese a la falta de especialistas y personal denunciada y reclamada durante todo el año por el servicio de Pediatría el diagnóstico inicial fue certero. Así lo confirmó la intervención del especialista Marcelo Di Blasi -convocado en forma tardía- y la evaluación realizada en el Sanatorio Güemes tras la derivación.
Lo que falló fue la forma de trasmitirlo y sostenerlo en el tiempo ante la familia y la comunidad. Los médicos se abroquelaron en el aislamiento en que están acostumbrados a campear las crisis y confrontaron con los familiares que no querían o no podían entender razones, en lugar de buscar un interlocutor creíble que reconstruyera confianzas.
El problema creció sin contención ni sentido en ese mismo aislamiento, sin mayor respaldo del ministerio de Salud que intervino en forma tardía, despreocupada y torpe. La lógica en medio de tanta contrariedad imponía que se documentara cada gestión realizada exponiendo los logros y los rechazos por escrito, con argumento técnicos claros.
En contrapartida la máxima autoridad de Salud de la provincia multiplicó promesas, superpuso anuncios por distintas vías y llegó al extremo de denunciar "fines políticos mezquinos" antes de ofrecer una solución concreta, echando nafta a la hoguera.
Es difícil desentrañar las razones que provocaron la innecesaria confrontación entre los médicos y la familia Ojeda o entender en profundidad la agónica dilación de las definiciones. Lo único evidente es que el problema de fondo no tendrá una solución en lo inmediato.
Gran parte de la opinión pública eligió un culpable y se conformará con ver rodar su cabeza mientras el máximo responsable, la autoridad política, queda indemne del flagrante abandono y aislamiento al que somete al hospital y toda su población.
MARCELA BERDUN
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