Alrededor de 1.600 canales clandestinos fueron detectados en las zonas rurales en un trabajo realizado por el Gobierno bonaerense, tras las graves inundaciones que afectaron en las últimas semanas a San Antonio de Areco y al noroeste de la Provincia. La Justicia citó el próximo martes al Gobierno nacional para que ratifique su denuncia contra los responsables.

Desde la provincia, la administración de Daniel Scioli analiza qué peso tuvieron esas obras ilegales en los últimos anegamientos, y anunció que intensificará los controles en un trabajo conjunto con los municipios.

Según publicó en su edición de ayer el Diario El Día de La Plata, el director de la Dirección de Hidráulica bonaerense, Daniel Corolli, adelantó que no descarta "embargarle las cuentas" a los productores que no acaten las intimaciones judiciales y se resistan a cerrar los canales ilegales.

Así, la intención de la administración bonaerense es que sean los propios productores quienes se hagan cargo de los altos costos que el cierre de los canales ilegales podría demandar.

"Para detectar los canales ilegales nos basamos en un sistema de denuncias; la misma gente del campo es la que denuncia a sus vecinos, porque ve que se están haciendo obras sin autorización. También sobrevolamos los campos y nos valemos del sistema satelital de Arba", afirmó Corolli.

"Debido a que tenemos escasos recursos, comenzamos a trabajar en las zonas bajas, esas que siempre se inundan. San Antonio de Areco no era una hipótesis de conflicto", dijo el director de Hidráulica.

El presidente del Banco de Buenos Aires, Guillermo Francos, anunció "una nueva línea de créditos por 20 millones de pesos destinada a prestadores turísticos, comerciantes y habitantes de San Antonio de Areco afectados por la inundación".

En otro orden, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral citó el próximo martes al subsecretario de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación Federal, Fabián López, para que ratifique la denuncia presentada el pasado 29 de diciembre contra los ruralistas de San Antonio de Areco.

En ese documento, el Gobierno pidió que se investigue si los canales supuestamente clandestinos de desagüe que se hallaron en campos de la localidad bonaerense contribuyeron al agravamiento de las inundaciones que vivieron los ciudadanos del lugar la semana pasada.

La denuncia quedó radicada para que se estudie si se violaron los artículos 186 y 196 del Código Penal que castigan con hasta 10 años de prisión a quien provoque un "incendio, explosión o inundación" o un "descarrilamiento, naufragio u otro accidente".

Canicoba Corral habilitó la feria judicial de enero para tratar el caso y, luego de que el subsecretario de Recursos Hídricos ratifique la denuncia, le dará intervención al fiscal para que dictamine si correspon-de o no impulsar acciones penales. (DyN/Télam)