BOGOTÁ.- La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó ayer su "gran preocupación" por el curso que han tomado los procesos que se realizan en el país por las ejecuciones extrajudiciales.
La Oficina se pronunció al respecto al cuestionar la libertad provisional que un juez de Bogotá otorgó el jueves a 17 integrantes del Ejército, a quienes se investiga por haber presentado en 2008 como guerrilleros abatidos en combates a jóvenes de una localidad aledaña a Bogotá que fueron desaparecidos, al parecer por los militares.
"Estoy extremadamente preocupado por el impacto y las repercusiones que esta decisión pueda tener sobre los más de 1.200 casos de ejecuciones extrajudiciales que investiga la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, así como en las madres de las víctimas y los testigos" señaló Christian Salazar Volkmann, representante en Colombia de la ONU.
Salazar anotó que para la oficina de Naciones Unidas "sigue siendo de extrema gravedad el patrón bajo el cual se cometieron muchos de estos hechos, según el cual las víctimas fueron contactadas por miembros de redes criminales, entre quienes se contaban efectivos de la fuerza pública, y posteriormente fueron reportadas como muertos en combate".
De igual forma, manifestó que aunque el gobierno ha tomado medidas para contrarrestar estos delitos, el Estado colombiano tiene la obligación de investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos.
"Esto exige asegurar plenas condiciones de oportunidad, celeridad, eficacia, imparcialidad e independencia frente a procesos de tan alta trascendencia y significación en la lucha contra la impunidad", precisó. (DPA)