Es un clásico bien local, más allá de la vigencia universal del viejo refrán español: cada uno pondera la cuestión de acuerdo a cómo le haya ido en la tienda y en el caso de la Argentina del 2010, la cita servirá tanto para juzgar la acción del gobierno como para procesar los fallos de la Justicia.

A la hora de visualizar el año nuevo, todo indica que en estos dos aspectos las tensiones serán cosa de todos los días para los argentinos a quienes, en general, no les gusta perder ni al juego de las bolitas. Por eso, cada situación que afecta a la comunidad se torna siempre en algo de vida o muerte, en un proceso que pasa primero por todos los filtros de las conveniencias individuales, incluido en primer lugar el bolsillo y luego las desconfianzas subjetivas y los prejuicios ideológicos que están llevando a muchos al descrédito malinten- cionado o al antisocial expediente de no acatar la ley.

En materia de imagen gubernamental, el malhumor colectivo, que parte del agobio económico generalizado que potencian de modo irrefrenable la inflación y las fábulas orquestadas en el Indec por esconderla y por otro lado la falta de apego de un Estado que pretende ser tutor, pero que sólo parece atender las necesidades del poder, mientras se desentiende del clamor social por los temas más urticantes como la seguridad y el empleo, le está pegando muy duro al matrimonio Kirchner.

Esta mezcla entre desatención y mentiras, que buena parte de la sociedad ha procesado como una injuria, ha sido un cóctel explosivo que le ha quitado cada vez más margen de maniobra al gobierno de Cristina Fernández, mientras su esposo asegura que tiene una imagen positiva de 50% y que por eso se puede ilusionar con una candidatura.

En los tiempos de gloria, cuando prevalecían las brevas maduras, las encuestas de opinión salían de la Casa de Gobierno como ristra. Hoy, que son todas verdes y los sondeos están bajo siete llaves, no alcanza con una manifestación así. Casi nadie les cree.

El gobierno suele decir que todo se trata de una conspiración que tiene como difusor de las malas nuevas a la prensa y de allí sus intentos por regimentarla, aunque olvida que durante los primeros años del kirchnerismo la situación era diferente, hasta que el gobierno comenzó a cocinarse solito en su propia salsa, metiéndose en jardines imposibles de transitar, tropezando y volviendo a tropezar.

En cuanto a la reaparición fulgurante de la Justicia como contrapoder de la República, a fines del año anterior, ello parece ser una consecuencia natural del adelanto de las elecciones y del cambio de las mayorías legislativas. Ya se sabe que la debilidad del poder siempre impulsa a los jueces, pero el zafarrancho que hizo el oficialismo a la hora de aprobar como sea todas las leyes que necesitaba sacar del Congreso antes del 10 de diciembre y la emisión de decretos más de urgencia que de necesidad, nutrió a todo ese cuerpo legal de desprolijidades constitucionales dignas de principiantes.

Más allá de las miserias que la política les ha impuesto a los poderes del Estado, la sociedad también deberá hacer su mea culpa, ya que en la Argentina de estos días apareció una regla que la degrada a condiciones más primarias que las elementales. En estas instancias parece que los fallos no están para cumplirse, sino para discutirse y vale consignar también que los medios de comunicación, sobre todo los audiovisuales, tienen su buena cuota de responsabilidad al respecto.

No obstante su importancia, éste no ha sido el único desapego institucional en el que ha caído la Argentina de los últimos años, una involución que como no queda registrada de modo directo en los índices del PIB no se suele ponderar demasiado, aunque generalmente es una de las causas de su debilidad y de la magra distribución de los ingresos que luego tanto se critica. En ese mismo orden, tampoco se le presta demasiada atención estratégica por estos días a la devaluación sistemática de la educación y del trabajo como fuentes de movilidad social y del progreso personal y comunitario o al palpable descorazonamiento de las clases populares que deriva del sometimiento obligado a la acción prebendaria del Estado, cada día más activo en subsidiar planes de trabajo clientelares, mientras las crispaciones y el delito, droga mediante, parecen haberse adueñado del escenario.

Es más, da la impresión que dirigentes y dirigidos ya han incorporado a su modo de proceder y como parte de la normalidad, esas claudicaciones propias de un país menos avanzado. La sujeción a la Justicia y a las reglas derivadas de las leyes es una de las condiciones que los estados que se hacen fuertes cuidan más ya que es la garantía natural de la democracia y, en ese aspecto, lo que ha de ocurrir en el 2010 podría ser definitorio para comenzar a mejorar la calidad institucional y a cortar con la decadencia.

La regla que imperó

Cuando hay quejas sobre falta de seguridad jurídica se habla precisamente de estas cosas y nadie, ni mucho menos el gobierno, debería ofenderse por los reclamos. Ésta ha sido la regla que imperó en la Argentina que se engrandeció tiempo atrás y hoy es cosa natural en los países que crecen todos los días y que distribuyen cada vez mejor. Para encarar el año que se inicia, entonces, deberían agendarse como prioritarias las acciones del Poder Judicial, ya que sus movimientos serán piezas clave del futuro inmediato.

En ese aspecto, si bien van a ser muy importantes los hechos políticos que ejecutarán el gobierno y la oposición en el Congreso, así como decisivas las resoluciones que se tomarán en materia económica o bien para reencauzar la situación social o tal vez para terminar de descarrilar una vez más, no menos vital resultará la acción de la Justicia para que retorne el equilibrio natural de los poderes, en un tiempo en el que todas las decisiones del Ejecutivo bien podrían terminar en los Tribunales.

Las últimas jornadas del año viejo han sido muy claras al respecto, a partir de denuncias opositoras y de varios fallos que han comenzado a marcar la cancha de la política, entre ellos cuatro en contra de los efectos de la ley de Medios, y a manifestar el conflicto entre los poderes, a los que ya se le han sumado, desde la calle, la discusión sobre el comportamiento de fiscales y jueces.

El más emblemático fue la decisión de cerrar la causa por presunto enriquecimiento ilícito de nada menos que el matrimonio presidencial, algo que hizo zapatear a toda la oposición y opinar a medio país.

Más allá de los peritos que desplazó la propia Corte por no ser confiables, de fiscales que no apelaron y de una conducta poco ortodoxa del juez, nadie puede ser sospechado por ganar dinero, ni mucho menos por declarar todo lo que tiene sin apelar a subterfugios de desviar la propiedad de los activos al exterior o hacia terceros, tal como hicieron los Kirchner.

Ésa es su obligación y en todo caso el compromiso resulta mayor debido a quiénes se trata, aunque el principal problema de esa declaración jurada es que hubo valorizaciones fuera de toda lógica, lo que hubiera merecido una explicación de los interesados, al menos para salvar la parte ética.

Otro de los graves problemas en los que se ha metido la administración, que ya ha merecido la intervención de la Justicia, es el derivado de la apropiación de las reservas del Banco Central por parte del Tesoro. El Congreso no quiere aprobar el decreto y la paridad de la Comisión respectiva ha mandado el debate para febrero o marzo, cuando ya puede ser tarde. Por su parte, la Corte -quien había sido interesada por los senadores opositores a que intervenga en temas federales- le ha pedido a la presidenta que le informe sobre los antecedentes del decreto 2010, llamado pomposamente Fondo del Bicentenario y habilitó día y hora en medio de la feria judicial.

El Ejecutivo deberá blanquear, primero que nada, que en materia de impacto monetario se han dejado de lado los reparos que tuvo el pago al FMI del año 2005. Además, esta vez, se amplía el alcance a todo tipo de deudas, lo que permitiría eventualmente la emisión de pesos, mientras que se deja abierta la posibilidad a los embargos, algo en lo que no podrían avanzar los acreedores si los dólares siguieran en poder del BCRA.

Este punto es el que el titular del Banco Central, Martín Redrado, ha querido salvar con la consulta que le hizo al sector legal, la que hasta el momento no le ha dejado girar los dólares a Economía. Alrededor de esta decisión se ha montado además un show político, con opositores que lo amenazaron con una querella y con el titular del bloque kirchnerista del Senado, Miguel Pichetto, quien le ha pedido que no tenga miedo, ya que "no es verdad que el BCRA está fuera del gobierno como nos han hecho creer los economistas".

También la Corte pidió que se le haga conocer los fundamentos del DNU, algo que en principio fue presentado como una suerte de garantía para cubrir vencimientos, aunque rápidamente se le vio la pata a la sota, cuando desde el Ministerio de Economía se blanqueó que ese dinero iba a ser directamente para pagar deuda y que los montos presupuestados al efecto se iban a destinar a otros menesteres. No sólo se reconoció que se desviarían partidas, sino que se dijo que, por carácter transitivo, se ampliaría el gasto.

Hugo Grimaldi
DyN