El designado presidente interino del Banco Central, Miguel Angel Pesce, se hizo cargo de la institución tras la remoción por decreto de su titular, Martín Redrado, en una mañana en la cual abundaron las denuncias, las presentaciones y hasta un fallo judicial que frenó el uso de las reservas para pagar deuda pública.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, incluso, involucró al vicepresidente Julio Cobos como parte responsable en el conflicto, al acusarlo de "seguir conspirando contra el Gobierno" y de "motorizar" una nueva polémica a la que denominó "resolución 126".

En este marco, Redrado aseguró que no renunció ni renunciará a su cargo y sostuvo que las reservas "tienen que quedar" en la entidad monetaria "porque son de todos los argentinos" y "no de nadie en particular".

Al mismo tiempo, negó que vaya a reunirse en las próximas horas con el Vicepresidente de la Nación ya que su profesión no es hacer "política" y destacó: "Me he jugado entero por defender los ahorros y los empleos de los argentinos".

En tanto, el Gobierno oficializó esta mañana la remoción de Redrado por su "actitud remisa" a liberar las reservas destinadas al Fondo del Bicentenario, y "por incurrir en mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Mediante el decreto 18/2010, que lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de todos sus ministros, se justificó la utilización de esta vía para desplazar al funcionario en que el Congreso "se encuentra en pleno receso estival".

En respuesta, Redrado presentó este mediodía una acción de amparo ante la Justicia contra el DNU que dispuso su remoción. Así lo informaron a DyN fuentes judiciales, que precisaron que el escrito fue ingresado ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que debe sortear un juzgado para que lleve adelante el trámite.

En tanto, la denuncia penal que el Gobierno hizo contra Redrado, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, recayó en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, se informó hoy en los tribunales.

En el decreto 18/2010, la Presidenta ordenó a la Procuración del Tesoro Nacional (PTN) "proceder a presentar la denuncia respectiva ante la autoridad judicial" contra Redrado, y ese acto se concretó durante la tarde de ayer en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro.

En ese mismo juzgado cayó también la primera denuncia penal contra la Presidenta por el DNU que dispuso la remoción de Redrado, realizada por el abogado José Mangiocalda.

Y en una mañana de cruces judiciales, la jueza federal en lo contencioso administrativo María José Sarmiento hizo lugar a un pedido de la Coalición Cívica y el PRO para interrumpir provisoriamente la conformación del Fondo del Bicentenario y lo supeditó a la intervención del Congreso.

Así lo informaron fuentes judiciales, que anticiparon que la medida fue dispuesta en el marco de una causa impulsada por los legisladores nacionales Federico Pinedo (PRO), Patricia Bullrich y Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica).

"Ordeno la suspensión inmediata de los efectos del decreto 2010 dictado por la Presidenta de la Nación con fecha 14 de diciembre hasta tanto se cumplan los plazos constitucionales y legales (ley 26.122) que regulan el trámite y los alcances de la intervención del Congreso para los decretos de necesidad y urgencia", sostiene el fallo. Ante esto, el ministro de Interior, Florencio Randazzo, anunció que el Poder Ejecutivo apelará este fallo judicial.

"La Constitución en el artículo 99 establece claramente la aplicación de decreto de necesidad y urgencia. No se puede prolongar una situación en que el presidente del Banco Central no cumple los alcances de una norma", sostuvo Randazzo en declaraciones a Radio 10.

DyN.-