Una vez más, el binomio conformado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su marido se las ha arreglado para transformar una diferencia de opinión manejable en una crisis que podría tener consecuencias sumamente graves. Puede que para ambos despedir a Martín Redrado de su cargo como presidente del Banco Central por medio de un decreto firmado por todos los ministros del gabinete -de este modo convirtiéndolos en cómplices por si surgen complicaciones jurídicas- haya sido una buena manera de reafirmar su autoridad, pero para muchos otros fue una manifestación de prepotencia de dudosa legalidad. Como varios constitucionalistas ya han señalado, para remover al titular de una institución autárquica no basta con sacar de la galera otro decreto de necesidad y urgencia; primero hay que cumplir con una serie de procedimientos previstos para tales casos. Desde el punto de vista de quienes toman en serio los pormenores jurídicos, pues, Redrado sigue al frente del Banco Central.

Según el decreto que el gobierno kirchnerista confeccionó con apuro notable, Redrado ha sido culpable de "mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público", es de suponer por haberse animado a desafiar al matrimonio que cogobierna al tratar de explicarle que las reservas del Banco Central podrían quedar al alcance de los llamados fondos buitres y por aferrarse a la Carta Orgánica de la institución que encabezaba. Se trata de acusaciones serias, pero también lo serán las dirigidas contra los Kirchner mismos y los demás firmantes del decreto. Lo entiendan o no, echar así al presidente del Banco Central no contribuirá en absoluto a tranquilizar a los preocupados por lo que está sucediendo en el país. Antes bien, hará pensar a muchos, tanto aquí como en el exterior, que la Argentina se ha transformado en una pseudodemocracia regida por dos personas caprichosas que están dispuestas a subordinar absolutamente todo a sus propios intereses. Al fin y al cabo, nadie ignora que la principal razón por la que Néstor Kirchner decidió que Redrado tendría que irse tuvo menos que ver con su desempeño profesional que con la reunión que celebró en su despacho el miércoles con dos senadores radicales. Como es notorio, el ex presidente suele tomar encuentros que serían considerados rutinarios en cualquier democracia madura por evidencia de "traición". Por lo demás, el peronista disidente Francisco de Narváez dista de ser el único que cree que el auténtico motivo por el que los Kirchner insisten en disponer de las reservas es que se han acostumbrado a "meter la mano en la lata".

Este episodio protagonizado por Redrado ha brindado a la oposición una oportunidad inmejorable para protestar nuevamente contra la arbitrariedad vengativa que está entre los rasgos más notorios, y más antipáticos, del matrimonio santacruceño que nos gobierna. Ya antes de degenerar un conflicto de apariencia abstracta en torno al uso de las reservas en una batalla frontal entre personas con nombre y apellido, la voluntad manifiesta de los Kirchner de sobrepasar todos los límites propios de una democracia se había convertido en el tema dominante de la política nacional. A pesar de que con escasas excepciones los líderes opositores quieren que Cristina consiga cumplir el cuatrienio en el poder que le dio el electorado en el 2007, no podrán continuar tolerando por mucho tiempo más la agresividad extrema de su marido que, como todos saben, es el que manda, ya que en el clima de crispación que impera en el país son cada vez más los ciudadanos que se sienten decepcionados por la impotencia de quienes son sus representantes elegidos. Dicha situación no favorece a los Kirchner. Por mucho que ellos y sus simpatizantes culpen a Redrado por los perjuicios financieros que está provocando el embrollo que se ha producido, perjuicios que no tardarán en afectar a la "economía real", la mayoría entiende que en última instancia los Kirchner son los máximos responsables de lo que está ocurriendo. Así las cosas, acaba de aumentar el riesgo de que amplios sectores ciudadanos que están hartos de la arrogancia torpe del gobierno decidan hacer causa común con un funcionario que, hasta un par de días atrás, no disfrutaba del apoyo de ninguna organización partidaria ni de la simpatía popular.