CIPOLLETTI (AC).- La telefonía celular y la fija quedaron a la cabeza de las denuncias que recibió la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que funciona en esta ciudad. En la mayoría de los casos fue porque las prestadoras no hicieron efectiva la baja solicitada, sobrefacturaron o incumplieron con la oferta.

Según el informe que realizó el municipio en relación al trabajo de la dependencia, el rubro "prestación de servicios" se llevó el 82,5% de las denuncias, mientras que el resto fue por problemas en la compra de bienes.

Por telefonía celular hubo 15 presentaciones de usuarios que consideraron afectados sus derechos. Le siguió en orden de importancia, la telefonía fija. Generó 11 denuncias, lo mismo que los servicios de internet por banda ancha, fibra óptica o satelital (10). Todas por incumplimiento de lo promocionado ya que en muchos casos se cobró más de lo que se ofertó el momento de la contratación.

Los acuerdos crediticios (8), las empresas de medicina prepaga y servicios de reparación (4 cada uno) también recibieron denuncias.

Los motivos más recurrentes que se detectaron fueron el de sobrefacturación que generó 20 presentaciones; el incumplimiento de la oferta (19); la falta de efectivización de la baja solicitada por el usuario (19) y la mala calidad de la prestación (18).

De los 111 denuncias efectuadas ante la OMIC 85 fueron resueltas, otras 23 todavía se encuentran activas y 3 fueron desestimadas por no encuadrarse dentro de la ley.

De los expedientes cerrados, en 59 casos se logró un acuerdo conciliatorio entre las partes, mientras que en otros 9 la parte denunciante desistió del trámite. Estos últimos ocurren porque se llega a un acuerdo por fuera de la tramitación, ya sea en el período previo a la primera audiencia, o entre las distintas audiencias que el trámite demande.

De esto se desprende que en los expedientes ya cerrados, el 80 por ciento encontró resolución a favor del denunciante. En 17 casos, se cerró la fase de conciliación sin arribar a un acuerdo. En estas situaciones, el trámite se deriva a la dirección de Comercio Interior de la provincia para que continúe con la gestión. En esta etapa, de comprobarse que la parte denunciada incurrió en las leyes nacionales y provinciales se le impone el pago de una multa de acuerdo a los cánones fijados en la legislación.