VIEDMA (AV).- La fallida sociedad anónima estatal Aeropuertos Norpatagónicos (Aeronor) con asiento en General Roca solicitó a la Inspección General de Personas Jurídicas la baja en el Registro Público de Comercio en el marco del proceso de liquidación, según se supo ayer de fuentes oficiales.
En los próximos días se hará público un edicto administrativo firmado por la titular de la Inspectoría, Natalia Bordón, en el que reconoce lo actuado el 22 de agosto de 2008 durante la asamblea extraordinaria de la empresa. Se espera que aparezca en el Boletín Oficial de esta semana.
Los integrantes de esa sociedad resolvieron en ese plenario liquidar y dar de baja del registro decidiendo, paralelamente, que los bienes muebles queden en poder del accionista mayoritario -es decir la provincia- y el inmueble remanente de la liquidación pase a dominio del municipio de Roca.
El lento paso burocrático ante el Registro se concretó 15 meses después del anuncio efectuado por el secretario de Control de Gestión de Empresas Públicas, Gabriel Savini. La firma era una sociedad anónima con el 99 por ciento de capital de la Provincia y el uno por ciento de la comuna.
Dentro del proceso se produjo un acuerdo transaccional con el Aeroclub roquense, con lo cual el Estado provincial le devolvió a la entidad aérea las tierras y las instalaciones del aeropuerto, mientras que el remanente quedó para la intendencia.
Se trata de una franja de tierras lindera al aeroclub que pasó a manos de esa Municipalidad. Savini recordó que "Aeronor no tenía movimiento, faltaba finalizar con los procesos administrativos y había que finalizar con el convenio con el Aeroclub y hacer todas las escrituraciones".
Si bien el expediente se encuentra en manos de Bordón, aún se desconoce lo que costó esta frustrada iniciativa, que auguraba para Roca la incesante llegada de aviones de carga y una excelente alternativa de exportación aérea para frutas y hortalizas, según Roberto Aymale, cabeza visible que tuvo el proyecto al comienzo de la gobernación Verani (1995-2003). Se pensaba convertir a Roca en un polo de despegue de producción.
En los últimos dos ejercicios financieros -2008 y 2009- la liquidadora Ana María Araya realizó gestiones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que reclamó el pago de una deuda, cuyo monto tampoco trascendió. Ese compromiso lo terminó cancelando el Ministerio de Hacienda, lo que liberó las actuaciones a Empresas Públicas para cerrar todo el proceso. En el marco de estas actuaciones tuvo una crítica intervención el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro que sugirió a Savini evitar mayores gastos.
