El diccionario de la Real Academia define la idiosincrasia como los rasgos, el temperamento o el carácter distintivos y propios de un individuo o colectividad. Algunos prefieren usar el término "identidad" para señalar ciertas orientaciones y comportamientos sociales, pero hay que tener cuidado en no confundir como identidades rígidas lo que son rasgos sociales históricos. La identidad o idiosincrasia se forma en procesos sociales complejos y es mantenida, pero también modificada o aun reformada por esos mismos procesos.
Las personas de sesgo ideológico conservador consideran que la idiosincrasia de un país es un rasgo cultural muy arraigado que tiende a perpetuarse en el tiempo; por ejemplo, cuando defienden la supervivencia de un régimen semimonárquico como el presidencialista argumentan que la alternativa -el sistema parlamentario- "no se acomoda a la historia y a la idiosincrasia del pueblo argentino". De este modo, de manera implícita, se condena a los pueblos a vivir presos de sus circunstancias.
Pese a la opinión de estos conservadores, existen numerosas pruebas de que entre la naturaleza humana y la sociedad existe una relación dialéctica que comienza en las primeras fases de socialización del individuo y se prolonga a lo largo de su vida social. Los rasgos sociales se van acomodando a una situación histórica y social variable y la herramienta del cambio es la presión institucional. Lógicamente, existen factores biológicos que limitan las posibilidades de transformación; de allí que, como lo señala un dicho popular en el Reino Unido, el Parlamento puede hacer todo salvo hacer que los hombres alumbren hijos.
Si optamos por una definición amplia del concepto (la de Thomas Luckmann), entendemos como instituciones toda la trama de acciones habituales que están regladas, en el sentido de que controlan el comportamiento humano y lo canalizan en una dirección determinada. Las instituciones obligan a seguir pautas definidas de antemano que quedan así sometidas a un control social.
No hay argumento más convincente que ilustrar con un ejemplo el enorme poder de transformación que tienen las instituciones sociales. En España existía un grave problema de siniestralidad en las carreteras. En 1990 fueron 5.940 las víctimas mortales en accidentes de automóvil sobre el asfalto (más de 16 al día). Frente a la espectacularidad de estas cifras, desde hace algunos años se inició una serie de actuaciones institucionales dirigidas a provocar un cambio radical en el comportamiento de los conductores.
Las medidas principales han sido la implantación del carné por puntos (2006), la reforma del Código Penal (2007) estableciendo una serie de delitos por la conducción temeraria, la puesta en marcha de un centro de denuncias (nacional e informatizado que cursa las denuncias a los infractores en un plazo de 48 horas) y una reforma para agilizar el procedimiento sancionador en el 2009.
Más importante que la existencia de una legislación sancionadora ha sido garantizar el control de las infracciones y el cumplimiento efectivo de las sanciones, de modo que la instalación de radares en las carreteras, los controles habituales de alcoholemia y la existencia de un procedimiento acelerado y ejecutivo de embargo para hacer efectivas las multas se han revelado como mecanismos eficaces para alcanzar los objetivos propuestos. El resultado ha sido espectacular y, pese al dramatismo que encierran las estadísticas, se ha logrado reducir más de la mitad el número de fallecidos: 1.897 (5 al día) en el 2009.
La experiencia española demuestra que con voluntad política y perseverancia institucional -los comportamientos anómicos no se cambian en plazos breves- se obtienen resultados. Estas prácticas institucionales son de enorme trascendencia para acabar con atávicas inequidades como, por ejemplo, las que se dan en el plano fiscal. En ese ámbito hace muchos años que España emprendió una importante reforma fiscal, con similares procedimientos y también espectaculares resultados. Lamentablemente en la Argentina se hace todo lo contrario, como lo demuestra el "caso Montoya", eficaz gestor tributario de la provincia de Buenos Aires descabezado por una orden presidencial debido a su negativa a incorporarse a las candidaturas testimoniales.
Queda claro entonces que los comportamientos anómicos tradicionales de los argentinos -la evasión fiscal, la conducción temeraria, el nepotismo, clientelismo y patrimonialismo en la gestión pública y hasta la suciedad de nuestras calles y plazas- podrían ser perfectamente corregidos mediante la adopción de prácticas institucionales innovadoras. En eso consisten los procesos de modernización emprendidos en las últimas décadas por numerosos países que tienden a romper con las viejas inercias institucionales. Lógicamente, estos procesos de cambio generan resistencias, de allí que sean arduos y demanden esfuerzos continuados, algo que parece bastante alejado del horizonte mental de nuestra perezosa elite gobernante.
ALEARDO LARíA (*)
* Periodista y abogado.
