RÍO COLORADO (ARC).- Los días tranquilos de una localidad como General Conesa, se ven alborotados en los últimos tiempos a raíz del conflicto entre los herederos de Victorino Alvarez, original propietario del mayor empaque de la localidad, y el gobierno de Río Negro.
El único frigorífico de frutas de Conesa con una capacidad de 100.000 cajones, junto al galpón de empaque y aserradero que se encuentra emplazado a la entrada del pueblo, en un predio de 9 hectáreas, está desde hace más de 17 años con conflicto a raíz de una deuda con el ex Banco Provincia de Río Negro.
En ese momento, la familia recibió un préstamo en pesos de la entidad provincial, aunque la hipoteca se hizo en dólares, hecho que a la postre determinó que esa deuda se tornara impagable.
La familia Álvarez y el gobierno de la provincia habían llegado hace 17 años a un previo acuerdo para el pago del monto adeudado y el levantamiento de la hipoteca, pero la justicia nunca aprobó ese preacuerdo.
El 25 de noviembre del pasado año, los hermanos Hugo Ricardo, Javier Héctor, Diana Libia y Élida Beatriz, cansados de esperar una solución, y al ver que hoy siguen figurando como los dueños, determinaron tomar posesión del predio y bloquear la entrada, construyendo con bines una improvisada carpa, a la espera de que alguien los escuche y los ayude en la búsqueda de una solución.
El momento mas dramático se vivió el 31 de diciembre pasado, cuando la jueza local, junto a efectivos policiales, trataron de cumplir la orden de desalojo enviada desde Viedma y firmada por Rosana Calvetti, titular del juzgado de primera instancia numero 3. En esos momentos, los hermanos Hugo y Javier se encadenaron al portón de entrada y con botellas de nafta en mano, amenazaron con rociarse y prenderse fuego si la mediada se llevaba a cabo.
Luego de varios minutos de negociación la jueza local no pudo persuadir a la familia que depusieran la medida, para que salieran del lugar y buscaran otra vía de reclamo y al ver que si se continuaba con el trámite de desalojo se podría llegar a lo peor, fue entonces que las autoridades se retiraron del lugar a la espera de nuevas órdenes de la capital de la provincia, no sin antes recordarles que podrían ser desalojado por el grupo BORA.
Los hijos de Victorino Alvarez hasta la fecha siguen en el lugar, tratando se que alguien les traiga la solución, pero con el miedo latente de que se implemente la fuerza para el desalojo.
Una deuda monstruosa
Hugo Alvarez se refirió al conflicto. "Toda nuestra familia trabajó en la producción maderera en la zona, en el año 1980, junto a mi padre construimos el galpón de empaque y el frigorífico, sólo nos faltaba terminar un 10% de la obra, en esos momentos y el ministro por entonces Norberto Blanes, nos ofrece un crédito para finalizar el emprendimiento. Nos dieron 200.000 dólares, de los que alcanzamos a devolver 300.000 dólares y nos quedaba reintegrar el 15 % de la deuda. El sistema financiero vigente por entonces y la famosa ley 1050, esa tabla financiera, llevo a que en un momento la deuda llegara a un monto imposible para nosotros, fue de 14.998.000 dólares.
