NEUQUÉN (AN)- En el Poder Judicial de Neuquén hay alrededor de 15 cargos vacantes de camaristas, jueces, fiscales y defensores. Todos los aspirantes a cubrir esos puestos deben pasar por los concursos del Consejo de la Magistratura, un organismo que en 2010 estará atravesado más que nunca por tensiones políticas: es el último año de mandato de los consejeros; hay pedidos formales del Tribunal Superior de Justicia y de la Asociación de Magistrados para que se congelen las designaciones por seis meses; y en la Legislatura se acumulan los proyectos para introducir reformas en el mecanismo de selección.
Un acuerdo político entre el sobischismo y el quiroguismo alumbró este formato del Consejo de la Magistratura durante la reforma constitucional de 2006. El autor del proyecto fue el radical Hugo Prieto, hoy distanciado de Horacio Quiroga.
El mandato de sus integrantes es asincrónico: los cuatro representantes de la Legislatura reflejan el reparto de las bancas que estuvo vigente hasta el 9 de diciembre de 2007. El último día de febrero de 2011 asumirán sus reemplazantes, elegidos por la actual composición de los bloques y con mandato hasta 2015.
Lo único que ha variado es la presidencia, que está reservada a un vocal del Tribunal Superior de Justicia. Y no es casual: la rotación refleja los bruscos cambios ocurridos en la cabeza del Poder Judicial. Este año ocupará el lugar Lelia Graciela Martínez de Corvalán.
Con críticas y tropiezos, el Consejo de la Magistratura no detuvo nunca el ritmo de concursos para buscar reemplazantes a medida que se iban produciendo vacantes.
Pero el presidente saliente del TSJ, Oscar Massei, ha expresado la necesidad de hacer una pausa. La razón que esgrimió fue que en la Legislatura avanza -si bien a paso de buey- el proyecto de reforma procesal penal del cual pueden surgir nuevas necesidades y desaparecer otras. ¿Para qué apurarse a cubrir cargos que en el nuevo diseño de la justicia penal podrían ser inútiles?, es el razonamiento.
A esta postura se plegó en los últimos días de 2009 la Asociación de Magistrados pero con otros argumentos: congelar el ingreso de personal, desde camaristas hasta empleados, por seis meses, hasta que se recomponga la crítica situación económica y financiera del Poder Judicial.
Es que fue justamente la creación alocada de organismos y la designación sin freno de personal en el período 2004/2007 una de las razones de la crisis actual.
La Asociación de Magistrados nunca superó la herida que le provocó haberse quedado afuera del Consejo de la Magistratura, donde no hay un solo representante de los jueces contra cinco de los abogados de la matrícula o de los partidos políticos (y algunos con doble representación).
Difícilmente cambie esta realidad en mucho tiempo: sólo una reforma constitucional podría lograrlo, y los proyectos presentados en ese sentido son los que menos entusiasmo despiertan al actual oficialismo.
La vicegobernadora Ana Pechen admitió, en la entrevista publicada en este diario, que la reforma del Consejo se limitará a la ley que lo reglamenta. Es decir, modificarán las pautas que rigen la evaluación de los candidatos para tratar de inyectarle algo más de objetividad, quitarle la alta cuota de discrecionalidad actual, y sólo eso.
