Aunque el ministro de Economía, Amado Boudou, insiste en que "no es judiciable" la decisión del gobierno de echar mano a las reservas del Banco Central para pagar deuda, la Corte Suprema piensa de otro modo, razón por la que se declaró competente para tratar el pedido de la provincia de San Luis de que se anule el decreto de necesidad y urgencia correspondiente. De este modo la Corte dio a entender que, en opinión de sus integrantes, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner podría haber violado ciertas normas constitucionales y legales y que por lo tanto era forzoso exigirle explicar dentro de diez días los fundamentos de dicho decreto. Se trata de su forma de advertirles a los kirchneristas que no está dispuesta a tolerar indefinidamente el desprecio por las reglas que es una de las características más llamativas del matrimonio presidencial, el que, luego de perder la mayoría automática en la Cámara de Diputados a la que se había acostumbrado, parece resuelto a gobernar a los decretazos, ahorrándose así los engorrosos debates parlamentarios.

Según Boudou, sólo es cuestión de usar las reservas "de forma inteligente" con el propósito de permitir que el país acceda nuevamente al mercado financiero internacional y en consecuencia logre crecer de manera sustentable, pero a juicio de muchos opositores lo que realmente tiene en mente es conseguir más fondos que los concedidos por el Congreso. Quienes están criticando la iniciativa oficial sospechan que los Kirchner, cuyo poder depende en buena medida de su manejo discrecional de "la caja", son conscientes de que no contiene el dinero suficiente como para permitirles continuar presionando brutalmente a los gobernadores provinciales y mantener contentos a los jefes de los aparatos clientelistas del conurbano bonaerense y otras zonas paupérrimas, de suerte que quieren suplementarlo con fondos procedentes de las reservas. Se supone, pues, que la creación del ampulosamente llamado "Fondo del Bicentenario" es sólo parte de una maniobra kirchnerista destinada a asegurarle a la pareja gobernante las cuantiosas sumas de dinero que se ha propuesto gastar en un esfuerzo desesperado por recuperar la popularidad que se le escabulló, con toda probabilidad irremediablemente, en el transcurso de los dos años primeros de la gestión de Cristina. En vista de lo que ha sucedido en el país a partir de mayo del 2003, tal teoría dista de ser descabellada. Como muchos otros caudillos provinciales, los Kirchner entienden que el poder depende del control del dinero público y no vacilan en atribuirse personalmente el pleno derecho a gastarlo tal y como se les antoje, pero sucede que en todos los países democráticos la función básica del Parlamento consiste precisamente en impedir que el Poder Ejecutivo obre así.

Por motivos parecidos relacionados con la necesidad de poner límites al accionar del Poder Ejecutivo de turno, es esencial que el Banco Central disfrute de cierto grado de autonomía, el que en nuestro país está consagrado en la Carta Orgánica de la institución en que, entre otras cosas, se estipula, en el artículo 3º, que "en la formulación de la política monetaria y financiera el Banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo nacional". Si bien algunos legisladores oficialistas dicen sentirse indignados por la mera idea de que, para citar al jefe del bloque de senadores kirchneristas, Miguel Ángel Pichetto, sea "más importante presidir el Central que haber sido elegido por el voto popular", la situación jurídica del Banco difícilmente podría ser más clara. Es conmovedor el respeto que dice sentir el legislador por la voluntad popular, pero como doctrina política el populismo extremo que acaba de reivindicar es peligroso incluso para el kirchnerismo mismo puesto que dejó hace tiempo de gozar de la aprobación de la mayoría, de ahí la resistencia de sus jefes a tomar en cuenta lo que sucedió en las elecciones del 28 de junio del año pasado. Felizmente para quienes se han visto repudiados por el voto popular, en la Argentina todavía existen leyes que, en teoría por lo menos, deberían servir para impedir que los gobernantes de turno actúen con la más absoluta discrecionalidad so pretexto de que, por haber sido elegidos por el pueblo, pueden hacer todo cuanto les complazca.