VIEDMA (AV)- La prórroga por cinco años de la concesión en favor de Crown Casino no tiene la ratificación del decreto del gobernador Miguel Saiz. Catorce meses después de la resolución de la Lotería -que extendió ese negocio de casinos del 2017 al 2022-, ese trámite continúa sin decreto, incluso con cuestionamientos judiciales por la fragilidad jurídica de la extensión.

Sólo una simple resolución del organismo sostiene la extensión por otros cinco años de la concesión en los cinco casinos, que equivale a un movimiento en el juego de 900 a 1.000 millones de pesos (entre 230 y 260 millones de dólares).

Esta semana, el legislador Ademar Rodríguez -que denunció penalmente en abril esta situación- cuestionó la demora en la investigación, que presentó en la fiscalía de Ricardo Falca. Nueve meses después poco se conoce del requerimiento del parlamentario, que dijo acudirá al Consejo de la Magistratura si persiste esa mora después de la feria judicial.

A mediados de noviembre del 2008, "Río Negro" informó de la prórroga por cinco años a Crown en la explotación de los casinos de Cipolletti, Roca, Las Grutas, Viedma y El Cóndor.

El contrato -que se firmó en el 2003- vence recién el 2017 y una resolución de la Lotería -firmada por el interventor Gonzalo Sanz- llevó ese plazo al 2022. La fundamentación se concentró en la construcción de un hotel y un casino en Roca, que se abrió como un anexo de Cipolletti porque la licitación original no establecía el asentamiento roquense. Igual ocurrió con Viedma como un anexo de El Cóndor. Actualmente, la permanencia del casino capitalino está en debate, con un firme cuestionamiento de la Cámara de Comercio.

En aquella oportunidad, Sanz aseguró que el gobernador Saiz firmaría un decreto ratificatorio de su decisión de prórroga. Catorce meses después, ese trámite no se cumplió.

El ex gobernador Pablo Verani habría insistido ante su sucesor con esa norma. El 5 de diciembre del 2005, cinco días antes de abandonar el gobierno provincial, el hoy senador concretó un decreto similar y extendió por cinco años el negocio de Entretenimientos Patagonia SA, que explota los casinos de Bariloche y El Bolsón. No existió ningún plan de obras.

Quedó en claro que ese beneficio era una compensación de la sorprendente cesión en favor de Crown de los derechos que retenía Entretenimientos de las salas de juego que explotaba Casinos de Río Negro (Carlos Ferrari) cuando esta concesionaria fue desplazada por sus incumplimientos.

Aquel decreto de Verani o, ahora, una resolución de la Lotería en la gestión de Saiz, son pobres instrumentos para extender semejantes negocios.

La recaudación bruta de Crown por cinco años oscilará de 900 a 1.000 millones. La última cifra oficial de esos ingresos anuales fue de 150 millones. En cambio, los cinco años adicionales para Entretenimientos superará los 400 millones. En el 2008, sus casinos recaudaron 62 millones. Ese año, ambas concesionarias desembolsaron 35 millones a favor de Lotería por el canon anual.

Hay un caso comparable al de Crown que tuvo otro tratamiento: la extensión del contrato con la Cooperativa Eléctrica de Bariloche. Ahí existió un proyecto de ley y una decisión de la Legislatura.

Rodríguez destaca esa disparidad del mismo gobierno de Saiz. Recordó que los "mecanismos administrativos no muy transparentes porque el Parlamento en ningún momento tomó conocimiento" de la extensión a favor de la empresa Crown. Dice que "la operación tiene una envergadura que no puede depender de un funcionario, en forma personal", en referencia a Sanz. Remarcó un detalle más preocupante: la "Lotería está intervenida, no tiene ni directorio" y así una sola firma bastó para la ampliación del negocio.

La historia del trámite

El pedido de Crown recayó originalmente en la Comisión de Iniciativa Privada. Rodríguez recuerda que "el fiscal de Estado, Alberto Carosio entendió que no correspondía ese tratamiento porque no era un contrato nuevo y, en cambio, aconseja la readecuación del convenio".

El legislador menciona que Javier Iud -diputado y hoy intendente de San Antonio Oeste- solicitó que el debate del contrato "pase por la Legislatura para tener conocimiento y aprobarlo".

En contrapartida, Sanz avanzó exclusivamente con la opinión de la Fiscalía y concretó la prórroga con una resolución propia. El interventor todavía espera del decreto de Saiz, cuya opinión se desconoce. El convenio continúa sin la participación de la Legislatura y de otros entes de control Estatal.