SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La toma de tierras del IPPV, en el barrio Newenche, volvió a ser un foco de tensión entre los vecinos que pretenden desalojar el lugar y los usurpadores que ahora cuentan con el apoyo de la Federación de Tierras y Viviendas.
El grupo de ocupantes, que renovaron la vigencia del asentamiento delimitando y desmalezando lotes, denunció la amenazas y destrozos sufridas por "varias familias" durante los últimos días de diciembre.
Los denunciantes atribuyeron las agresiones a "un grupo de personas que, según testigos, estaba dirigido por el señor Marcos Catalán, conocido como militante de un sector político de la ciudad". Otros ocupantes responsabilizaron al municipio por el intento de desalojo compulsivo y señalaron a "otro hombre que se llama Pizzarro" como autor de las amenazas.
Por otra parte, informaron que entre la noche del martes y el miércoles pasados personas no identificadas arrancaron los alambrados utilizados para demarcar el precario loteo armado por los usurpadores y dañaron las casillas existentes en la toma.
Además de los episodios violentos habrían proferido amenazas para amendrentar a las familias instaladas en el lugar.
"Nos vendrán a sacar"
"Nos dijeron que vendrían con gente y armados para sacarnos de acá porque los terrenos era de él", relataron dos de los ocupantes que se preguntaron "¿cómo es posible que nadie pueda intervenir para parar la violencia de parte de esta gente?".
Tanto las amenazas como los daños fueron grabados y adjuntados a la denuncia que se radicó en sede judicial de esta ciudad.
La reactivación de la toma, que hacia mediados de octubre se había "disuelto" voluntariamente, renovó la tensión con algunos vecinos de los barrios aledaños que ya habían protagonizado una violenta confrontación con los anteriores ocupantes.
En paralelo la Federación de Tierras y Viviendas salió a respaldar a los ocupantes que "no cuentan con posibilidades de acceder a la tierra y la vivienda".
El presidente de la FTV Río Negro, José Rodríguez, aclaró -a través de un comunicado- que la organización brindó "asesoramiento legal y de gestión" a pedido de las 30 familias que consolidaron la toma.
"La FTV se comprometió a gestionar todo lo que fuera necesario para poder regularizar y colaborar en la infraestructura del lugar, como así también en la gestión de alguna obra como un SUM para los barrios cercanos" detalló el dirigente que recordó que la fracción de tierra pretendida pertenece a la provincia.
La organización se hizo eco del compromiso manifestado por los ocupantes de "iniciar el proceso de normalización y compra de los terrenos ante los organismos correspondientes".
