Con la renovación parcial que se produjo el pasado 10 de diciembre en el Poder Legislativo Nacional ninguna fuerza política ostentará la mayoría absoluta, por lo cual la aprobación de leyes necesariamente requerirá de acuerdos entre varios bloques partidarios.

La incógnita entonces será: ¿tendrá el Congreso un giro populista o prevalecerán consensos que garanticen la sensatez económica e institucional?

A la luz de los antecedentes legislativos, existe una tendencia importante al voluntarismo político en lo económico, manifestada en la presentación de proyectos de ley que en la mayoría de los casos no han resultado sancionados o ni siquiera considerados en las comisiones, pero cuya señal de inseguridad jurídica es inequívoca.

Sin embargo, la fragmentación legislativa actual y la tendencia socializante que se observa en muchos legisladores de diversos bloques puede llevar a un apoyo mutuo que potencie la aprobación de proyectos que impulsan, por ejemplo, crear regulaciones sofocantes para la actividad privada y, por supuesto, nuevos organismos, programas y fondos públicos hasta estatizar importantes sectores de la economía. Como es costumbre, los legisladores que proponen más Estado, y por ende más gasto público, nunca se plantean en su corta mirada de dónde saldrán los recursos. Asimismo, contradicen su supuesta sensibilidad social al no considerar la existencia de necesidades más urgentes, en especial de los sectores con menos recursos, y no consideran que para atender las mismas haya que establecer prioridades en el gasto. Y en caso de aprobarse sus iniciativas, mucho menos consideran el impacto social que tendría aumentar aún más los impuestos para brindar nuevos servicios ilusorios, pues en un Estado como el argentino, con una calidad institucional más parecida a la de Venezuela que a la de Suecia, una mayor carga tributaria desalienta la inversión y fomenta la informalidad. Por eso, aunque para los próximos dos años varios analistas apuestan a la inactividad del Congreso, de todos modos es necesario para la institucionalidad y el progreso económico del país estar bien alerta.

Es que todo puede ser posible en el nuevo Congreso si no prevalece la madurez económica e institucional, desde que se apruebe la propuesta de un transversal del populismo como Miguel Bonasso para crear una nueva versión del Banco Nacional de Desarrollo (Banade) con una suma de más de 6.000 millones de pesos, hasta las iniciativas del cineasta mediático Fernando "Pino" Solanas, quien propone constituir una petrolera y siderúrgica estatal y recrear Ferrocarriles Argentinos. En ambos casos, un dato no menor para recordar es que tanto Bonasso como Solanas y otros tantos legisladores son activos simpatizantes de la dictadura cubana y del régimen autoritario de Hugo Chávez, algo muy relevante pero en lo que, sin embargo, no reparan los periodistas en las múltiples entrevistas que les realizan. Entonces, con vistas a las elecciones presidenciales del 2011, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el GEN, el PS, el peronismo disidente y el PRO pondrán a prueba su rol moderador ante las iniciativas populistas.

En el caso de los bloques de centroizquierda, también representará una buena oportunidad para saber si han aprendido algo de lo que vienen haciendo los países latinoamericanos más exitosos, todos ellos con gobiernos de corte progresista pro mercado, como Chile, Brasil, Uruguay y Perú.

En el caso de la oposición, de acuerdo a la agenda estratégica legislativa que elaboren, más exitosa será la gobernabilidad democrática que logre un eventual gobierno que suceda al kirchnerismo.

En ese sentido, la composición actual del Congreso ofrece también un escenario interesante para discutir y consensuar un nuevo régimen de Coparticipación Federal de Impuestos con los plazos que requiere su adecuado tratamiento legislativo, pues se trata de una ley fundamental desde el punto de vista político, económico e institucional. En definitiva, los políticos podrán demostrar durante el 2010 y el 2011 si están o no a la altura de las circunstancias, mientras que la ciudadanía tendrá todo ese tiempo para evaluar, además de al gobierno nacional, a los principales referentes del Congreso con aspiraciones presidenciales.

GABRIEL S. SALVIA

(*) Titular del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal)