Han pasado más de dos años y medio desde que el legislador provincial Ariel Kogan denunciara que una monumental coima o "retorno" de 22 millones de pesos pagada por la principal contratista del Plan Integral de Seguridad neuquino, Damovo SA, fue a dar a cuentas corrientes del grupo Temux en la sucursal Buenos Aires del Banco de la Provincia de Neuquén. Cuando se desconoce la suerte corrida por esa denuncia, el juez de la causa Temux, Marcelo Muñoz, se dispone a cerrar la investigación, tal como informó recientemente este diario.

La denuncia, que Kogan presentó en un juzgado penal de Buenos Aires en mayo de 2007 -ver "Río Negro" del 26.5.07- decía que "el gobierno de la provincia del Neuquén contrató en forma directa sin licitación a comienzos del año 2005, mediante un decreto que no se ha publicado y se mantiene oculto, a la firma Damovo S.A. para instalar un nuevo sistema de comunicaciones policiales, por una cifra del orden de los 88 millones de pesos".

El legislador afirmó que se acordaron "pagos ilegales o retornos a funcionarios por la ventajosa operación recibida que alcanzarían al 25 por ciento del monto total, es decir una cifra equivalente a los 22 millones de pesos". Y más adelante señaló que "extrañamente" Damovo (para explicar depósitos millonarios en las cuentas de Temux,) hace aparecer a tres subcontratistas a los que habría pagado un total de 22 millones de pesos. Kogan aseguró, acompañando abundante documentación, que la multitud de cheques librados por Damovo, aparecieron "como cobrados en efectivo por ventanilla" por personeros de las supuestas subcontratistas quienes después, "y sospechosamente" depositaron los mismos importes en las cuentas de Temux. Todo ello, las más de las veces, fuera del horario bancario.

Para resaltar lo que, a su entender, podría constituir un caso de lavado de dinero, Kogan relata al juez porteño que las empresas del grupo Temux "estafaron al BPN en una cifra de 22 millones de pesos".

Requejo y Vignaroli

La justicia local tomó la denuncia del pago de retornos "a funcionarios" de la provincia como quien oye llover. Los funcionarios así denunciados adoptaron la misma actitud, a pesar de que el artículo 159 de la Constitución provincial establece que "el funcionario o empleado a quien se impute delito cometido en el desempeño de sus funciones está obligado a acusar para vindicarse, bajo pena de destitución...".

Unos cinco meses más tarde, el entonces fiscal de la causa Temux, Pablo Vignaroli, tuvo el cuidado de enviar un oficio al presidente de Damovo, Manuel Requejo García, pidiéndole que explicara lo de los cheques. El ejecutivo, después de dedicar una carilla a mostrar las virtudes de la compañía, dijo de los cheques que "fueron abonados (a las subcontratistas que una investigación de "Río Negro" no pudo ubicar) a causa de operaciones propias del giro comercial de nuestra empresa, debidamente fundado y por ende desconociendo los motivos de las acreditaciones a empresas por mí totalmente desconocidas".

Añade Requejo que quienes "podrán dar una respuesta más acabada" que la suya son los representantes del terceto de subcontratistas, identificados como Guillermo H. Pozzetti, Miguel Genaro de Vicente y Santiago Soria.

Para Vignaroli, la explicación de Requejo fue convincente. Dijo el 14.10.05 que de la misma surgía que "se estaría en principio ante operaciones comerciales legítimas y regulares". Sin embargo, y como para demostrar el riguroso celo puesto en el desempeño de sus funciones, decidió citar a los nombrados a prestar declaración testimonial para seis días después, el 20 de octubre. De ahí en más, una densa nube cayó sobre esas actuaciones. Vignaroli hizo un par de declaraciones confusas y contradictorias: dijo una vez que las había remitido a un juzgado de Buenos Aires, y otra vez que las tenía en estudio.

Según lo dispuesto por el artículo 311 del Código Procesal Penal neuquino, si el juez de la causa considera que la investigación está completa, debe dar vista de las actuaciones a la parte querellante y al agente fiscal.

El expediente se encuentra ahora en manos del abogado de la querellante, el BPN, que es Oscar Pandolfi, quien puede pedir nuevas medidas (por ejemplo, que se investigue la participación de Damovo en el caso, o que se cite a prestar una declaración informativa al ex gobernador Sobisch); o bien que se eleven los autos a juicio, o que se sobresea a los imputados o a algunos de ellos.

JORGE GADANO
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