SAUZAL BONITO (ACC) - "Lo que queda claro es que el pueblo de Sauzal Bonito no desaparecerá", dijo ayer la ministra de Coordinación, Zulma Reina. Lodijo en medio de la polémica por el remate de tierras donde está el pueblo, que fueorn adquiridas por un empresario santacruceño.
La provincia -dijo- hizo el desembolso de parte del acuerdo arribado con el comprador de estas tierras que estuvieron en litigio, a partir de un decreto el 887 de este año y que fue firmado el pasado 26 de mayo.
La ministra Reina, en diálogo con este diario, especificó cuál fue el accionar del gobierno en torno al conflicto. Indicó que en el acuerdo rubricado por el fiscal de Estado se definió cómo se dirimiría el litigio. "Se pone fin al pleito bajo el decreto, con un compromiso por todo concepto, de acuerdo al precio de expropiación de 1.720.000, un pago de 520.000 y el saldo en 12 cuotas de 100.000 pesos cada una", dijo.
Enseguida agregó que "se pagaron los 520.000 pesos, la 2° cuota de 100.000 se pagó el 11 de diciembre y la anterior en septiembre". Detalló que está cumplido el plano de mensura y se dio la intervención a la escribanía de gobierno para que se disponga el inicio de los trámites de escrituración del inmueble a nombre de la provincia. "En enero podemos tener la escrituración", acotó.
De esta manera, los pobladores que solicitaban la expropiación de las tierras, tendrían dirimido este punto.
"Lo que queda claro es que no desaparecerá el pueblo de Sauzal Bonito y que se consiguió una buena posición dada la situación en que estábamos planteados en ese momento donde el expediente se inició", dijo Reina. Al ser consultada sobre qué ocurrirá con los pobladores, la ministra dijo que "habrá que ver a cada uno de los casos, se analizará y se evaluará en qué condiciones se puede recibir el lote o lo que corresponde. En principio lo que está regularizado es la situación y se verá después con cada uno de los casos particulares", dijo. Y resaltó que será más sencillo hacer la tramitación entre el gobierno provincial y el habitante y sin la participación del comprador. Dejó en claro que dentro de los lotes 26 y 27 se encuentran también los edificios denominados de utilidad pública, como la escuela, la comisaría y el salón comunitario, por ejemplo.
Indicó que el acuerdo incluía la mensura a cargo del empresario José Luis García, el comprador en el remate.
El conflicto data de 1999. En mayo la provincia firmó el decreto donde se autoriza al fiscal de Estado para actuar en representación y firmar el acuerdo "transaccional en nombre de la provincia con García".
