BRASILIA.- El proyecto del gobierno brasileño de crear una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes de la dictadura (1964-85) desencadenó una fuerte reacción del comando militar y el ministro de Defensa, que amenazaron con una dimisión generalizada, informaron autoridades.
Esta puede ser "la mayor crisis político-militar del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva", expresó el editor del sitio especializado Defesanet, Nelson During.
La disputa se originó en vísperas de Navidad con el lanzamiento del Programa Nacional de Derechos Humanos del Gobierno, que prevé crear una Comisión de la Verdad para investigar los delitos de la dictadura, explicó el presidente del Frente de Defensa del Parlamento, el diputado Raúl Jungmann.
Contrariamente a otros países de la región, en Brasil sigue en vigor una ley de Amnistía de 1979 que garantiza que no haya procesos contra los represores.
"Existía un acuerdo (con el gobierno) de que cualquier modificación que afecte la amnistía obligaría a investigar los delitos de los dos lados (represores y resistencia), pero el Programa del gobierno mencionó sólo a los militares", dijo Jungmann.
El diputado confirmó que, roto el acuerdo, el ministro de Defensa, Nelson Jobim, secundado por los comandantes de las tres Fuerzas, pusieron su cargo a disposición, y sólo retrocedieron ante el compromiso del presidente Lula de revisar los puntos sensibles del Programa de Derechos Humanos.
"Desde el punto de vista militar, la crisis está solucionada, pero dejará secuelas porque se quebró la confianza" de los militares, dijo Jungmann, quien advirtió que la resistencia ahora es del ministro de Derechos Humanos, Paulo Vanucci.
No existe "ninguna controversia insanable entre el ministerio de Defensa y la Secretaría de Derechos Humanos. (Lula) lo va a resolver con su capacidad de mediación cuando vuelva de vacaciones", declaró este miércoles el ministro de Justicia, Tarso Genro.
La Orden de los Abogados de Brasil (OAB, gremio nacional) criticó las "presiones" del comando militar: "Amnistía no es amnesia", replicó César Britto, presidente de la entidad que reclama con una acción en la corte suprema una reinterpretación de la ley de amnistía que permita conocer la verdad y procesar a los torturadores.
Los militares se han resistido a toda iniciativa que amenace revisar la amnistía en Brasil, país que reconoce 400 víctimas entre fallecidos y desaparecidos.
El tema despuntó ayer en la prensa nacional tras días de rumores.
"Si quieren poner a coroneles y generales en el banco de los acusados, también vamos a poner a Dilma (Rousseff, ministra jefe de Gobierno, ex guerrillera, y candidata de Lula a sucederlo en 2010)", declaró al diario O Estado un general que pidió el anonimato. (AFP)
