Un acuerdo que busca una "seguridad democrática", que se opone al concepto de ´mano dura´, fue presentado ayer en la Cámara de Diputados por legisladores de fuerzas opositoras y del oficialismo; y referentes sociales, sindicales y académicos.
La iniciativa fue firmada por el radicalismo y el kirchnerismo y contó con el apoyo de la CGT y la CTA, entre otras organizaciones políticas y sociales.
El presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, explicó que el problema de la seguridad "se ha agravado con políticas fallidas e ineficaces" y destacó que la democracia tiene un "déficit" en el abordaje de esa problemática.
El acuerdo apunta a "sentar los principios básicos para la construcción de una política de Estado que dé respuesta a las legítimas demandas de la sociedad". Los firmantes aseguraron en el documento su "preocupación por la reiteración de medidas autoritarias e ineficientes frente al delito y por la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público". "Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática", se advirtió.
