BUENOS AIRES (DyN) - El ministro de Economía, Amado Boudou, y el presidente del Banco Central (BCRA), Martín Redrado, quedaron ayer imputados en la causa judicial que investiga la utilización, por parte del Gobierno, de las reservas para pagar parte de la deuda pública.
Así lo dictaminó el fiscal federal Luis Comparatore, al impulsar la denuncia para investigar los alcances del decreto de necesidad y urgencia 2010/09 que firmó la presidenta Cristina Fernández, a través del cual se dispuso que se destinaran 6.500 millones de pesos como fondo de garantías para pagar la deuda en dólares.
Asimismo, el bloque de diputados del PRO y el ex legislador Mario Cafiero realizaron sendas denuncias ante la Justicia, objetando tanto la constitucionalidad de decreto de necesidad y urgencia que crea el Fondo del Bicentenario cuanto la violación de la autonomía del Banco Central.
La imputación de Boudou y Redrado, así como las dos presentaciones, se suman a la demanda al Estado Nacional presentada el lunes por el Gobierno de la provincia de San Luis.
Comparatore le pidió al juez del caso, Daniel Rafecas, que disponga una serie de medidas para profundizar cuál fue la responsabilidad del titular del Banco Nación, a cargo de custodiar las reservas de ese organismo.
También solicitó que "se requiera de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia que remita la totalidad de los antecedentes relacionados con el DNU 2010/09" y a "la Sindicatura General de la Nación que informe si previo al dictado" de esa norma "se efectuaron consultas al organismo referido o existen allí antecedentes sobre esta materia", indicaron fuentes judiciales.
El fiscal también dispuso que se le tome declaración testimonial a uno de los denunciantes, Javier Llorens, "atento al cúmulo de particularidades técnicas que ostentan los hechos denunciados, que indudablemente requieren para su intelección un importante análisis macroeconómico".
Llorens presentó la denuncia junto al abogado Ricardo Monner Sans y el ex diputado Mario Cafiero, al considerar que se incurrió en "flagrante abuso de autoridad" al disponer recursos del Central para esta "insensata y demencial política financiera".