VIEDMA (AV).- El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro reclamó a los otros Poderes del Estado que se lo incluya en la emergencia económica, reservándose facultades extraordinarias para decidir sobre designaciones, manejo de fondos, extensión horaria, sanciones disciplinarias y asignaciones de competencias.
En notas presentadas a la Legislatura y al gobernador de la provincia, Miguel Saiz, ese cuerpo -que preside Luis Lutz- pidió "medidas especiales" para la Justicia.
Ayer, el Poder Ejecutivo formalizó las prórrogas anuales de las emergencias económica, sanitaria y educativa de Río Negro y no incluyó -inicialmente- ese pedido de los representantes del Poder Judicial.
Recursos para aumentos
Además del planteo de la inclusión en la emergencia, el STJ envió su presupuesto 2010 a la Legislatura, fijándolo en 258.415.800 pesos, con 48.318.900 pesos de la partida del Ministerio Público.
Aquel monto aumenta en 86 millones las ejecuciones del 2009, que rondarán los 172 millones de pesos. El alza equivale exactamente al 50 por ciento.
El escrito elevado al Poder Legislativo reafirma que aplicará un aumento salarial generalizado a partir del 1 de enero del 2010, que será de un 10 por ciento más un 5 por ciento en función del aplicado este año por la Justicia Nacional. Ese aumento había sido anunciado días atrás, pero sin precisiones sobre la disponibilidad de los fondos para afrontarlo.
En su pretendida emergencia judicial, el Superior Tribunal de Justicia dice que el "objetivo es garantizar la prestación del servicio público esencial".
Reafirma que "serán cargas impuestas" cubrir vacantes para los magistrados y funcionarios que se acojan a los beneficios jubilatorios de la ley 24.018 (la que fijó el 82 por ciento).
Las medidas "especiales" requeridos por el STJ -que llevan las firmas de los jueces Luis Lutz, Alberto Balladini y Víctor Sodero Nievas- se concentran en las siguientes acciones:
* "Congelar todas las vacantes" de jueces, funcionarios o empleados aunque se reserva el poder del "descongelamiento con motivación suficiente y de modo individual".
* Podrá designar "coadjutores" de la Justicia de Paz y, también, establecer en forma individual la extensión de la jornada laboral, llevándola a 8 horas por día o 40 semanales (actualmente, la prestación es de 6 horas)
* Proponen transformar en Cámaras las actuales salas penales de Viedma y las laborales de Roca.
* Se otorga facultades especiales al Superior Tribunal de Justicia para redefinir competencias. Prevé asignar la competencia de los juzgados de Menores -ley 2748- a los juzgados en lo Correccional (ampliando facultades del artículo 57 de la ley 2430).
* Alienta la creación de una Unidad Ejecutora para "la planificación, reconversión y calidad institucional", destinada a "poner en marcha como proyectos pilotos".
* Ratifica que se "aplicará la política salarial preestablecida" y, en lo que respecta, a "los gastos de funcionamiento se ejecutarán en forma proporcional a las partidas presupuestarias que se asignen".
* Pide que se disponga el envío al Poder Judicial de la "totalidad de los recursos provenientes de la recaudación de la tasa de justicia".
* Insiste en la "aplicación del uso de la firma digital para las comunicaciones internas y externas de carácter jurisdiccionales o administrativas, incluyendo las rogatorias, oficios y notificaciones".
