ROCA (AR).- El jefe de Policía de Río Negro, Víctor Cufré, fue sobreseído de los cargos por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, en la causa penal que se le inició de oficio en la justicia Federal de Roca. En el expediente se investiga su supuesta "desobediencia" a las órdenes judiciales impartidas durante el extenso corte de la ruta 22 instalado por la Unter en Chichinales, a principios de este año, durante el conflicto docente por los salarios.
El sobreseimiento, dictado por el juez federal de primera instancia de Roca, Santiago Inchausti, fue apelado por el fiscal Alejandro Moldes y ahora la Cámara Federal de esta ciudad deberá confirmar o revocar la medida.
La imputación a Cufré se basaba en tres ejes fundamentales: que no habría ordenado a su personal subalterno realizar la debida "prevención" en la ruta; que no habría reforzado con personal y recursos técnicos a los destacamentos de Tránsito de las zonas afectadas por el conflicto y, principalmente, que habría desobedecido la orden del fiscal Moldes de "despejar la ruta" por medios pacíficos e "identificar" a los protagonistas del piquete.
En julio Cufré fue citado a una declaración explicativa y luego a indagatoria, en la que defendió su desempeño en el conflicto, remitiéndose a los informes que se habían elevado desde la Policía hacia la justicia Federal durante los más de 40 días que duró el corte de Chichinales. También sostuvo que la labor de sus subalternos no fue insuficiente y que no hubo incumplimiento a las disposiciones que emitió Moldes como responsable de la instrucción de la causa penal.
A mediados de este mes el juez Inchausti (interino en el cargo de la jueza María del Carmen García) sobreseyó a Cufré por considerar que no existen elementos suficientes para definir la existencia de un ilícito penal. Su postura no fue compartida por Moldes, quien apeló la medida basándose en que no hubo, a su criterio, una adecuada tarea de prevención policial y en que el jefe de Policía habría priorizado órdenes implícitas o explícitas de no intervenir, presuntamente impartidas desde el Poder Ejecutivo provincial, por sobre las órdenes de desalojo de la ruta impartidas por la justicia.
