VIEDMA (AV).- La defensora del Pueblo, Ana Piccinini, al elevar su informe anual a la Legislatura, expresó su preocupación por la "negación de la realidad" que adjudica a algunas áreas del gobierno frente a sus críticas. "Muchas de las observaciones efectuadas para corregir las deficiencias, errores, omisiones, han sido interpretadas como ataques a la gestión de gobierno, atentando ello contra el cumplimiento de los deberes que al defensor del Pueblo le han impuesto la Constitución y la ley", manifestó en la nota que precede al informe.

"Se ha evidenciado -agregó- que no todos los organismos del Estado provincial están dispuestos a colaborar con su misión de control. Todo lo contrario, en algunos ministerios hemos podido observar que la intención de respuesta es casi nula".

"Rechazo, resistencia, desprestigio" y "un marcado menosprecio de nuestra tarea" es lo que dice Piccinini haber recibido de muchas áreas del gobierno, "habiendo llegado inclusive a la obstrucción o al entorpecimiento de las investigaciones en curso, situación que coloca a los funcionarios responsables al borde de la ilegalidad".

Ejemplo de ello es para la defensora la cuestión de la salud. "Pareciera que los únicos que hablan de crisis hospitalaria son la defensora del Pueblo y los trabajadores de salud", indicó. También hizo críticas a un sector de la Justicia: "Algunos pronunciamientos judiciales nos han reconocido la legitimación activa para actuar; otros, sin una línea coherente de razonamiento, han dicho que no y se encuentran en las instancias de impugnación correspondientes".

En su nota de elevación, la defensora destaca de su informe las acciones consideradas prioritarias, enmarcadas en la defensa de derechos de incidencia colectiva, medidas tendientes a la optimización y eficacia del organismo, resultados de tareas investigativas, observaciones y recomendaciones formuladas a distintas áreas del Ejecutivo provincial, con miras a "mejorar la calidad de vida de la sociedad".

"La perseverancia caracteriza nuestra gestión, seguiremos trabajando con el mismo objetivo", concluyó, alentando que en 2010 sus "recomendaciones y sugerencias sean vistas y oídas, que se interprete cuáles son sus atribuciones y en qué consiste el llamado deber de colaboración que impone la ley".